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Por: Víctor Caballero Martín
Publicado originalmente en Otra Mirada

Como era de suponer, los conflictos sociales se han activado en diversos puntos del país. La demanda por su atención inmediata y el requerimiento de que las más altas autoridades del gobierno se hagan presente en el terreno de los hechos, es decir, en las zonas donde se están produciendo las acciones de protesta, parten del convencimiento de la población, que solo así obtendrán compromisos firmes de que su demanda será resuelta.

Foto: La República

Evidentemente no hay soluciones rápidas ni mágicas a las demandas sociales que generan los conflictos; sólo es posible instalar mesas de diálogo, establecer compromisos firmados en actas y la definición de un cronograma de atención. No hay para más. Las exigencias de cambios de compromisos marco, de normatividad respecto del uso de las carreteras, y ejecución de proyectos tienen tiempos establecidos, periodos de maduración que, si son bien llevados y se logran acuerdos consensuados con las organizaciones sociales, pueden, en efecto, canalizar la demanda y lograr el restablecimiento de las relaciones equilibradas entre los actores de los conflictos, sin víctimas que lamentar, ni enfrentamientos que pueden derivar en crisis política.

Pero, hay una particularidad que debemos resaltar. La gran mayoría de los conflictos activos se ubican en las zonas rurales: el corredor minero del sur – las comunidades nativas de las cuencas amazónicas, los conflictos de límites entre comunidades y distritos, y, como sabemos son de larga duración y con agendas complejas.

Los conflictos en las zonas urbanas son de otra naturaleza. Hay dos factores activadores de los conflictos sociales en las zonas urbanas: el incremento del costo de vida ocasionado por medidas económicas que afectan directamente la economía popular, y una decisión política del Ejecutivo o el Legislativo que altera significativamente el equilibrio precario de la estabilidad política. Sobre lo primero, los casos más emblemáticos lo hemos visto en Chile. Su tremenda crisis política se inició con una medida del gobierno que fue sintetizada en una frase: “treinta pesos, treinta días, treinta años.” Es decir, que una suba del precio de los pasajes en treinta pesos, que generó una movilización estudiantil de treinta días, se tumbó la Constitución de Pinochet que tuvo una duración de treinta años”. El inédito proceso de reforma constitucional y el surgimiento de nuevos actores políticos en Chile si bien no son generados por el incremento de las tarifas, no obstante, fue esa movilización estudiantil la que activó otras dinámicas políticas que llevaron a ese escenario de cambio constitucional.

En el caso peruano, la decisión del Congreso de la República de vacar al presidente Martín Vizcarra y poner al congresista Manuel Merino en su reemplazo en tanto era presidente de la Mesa Directiva del Congreso, activó una movilización juvenil y popular, que fue intensa, furibunda y contra esa decisión del Congreso que obligó a la renuncia de Manuel Merino y su gobierno. La mayoría congresal había roto el precario equilibrio entre los dos poderes, y los grupos más reaccionarios ultraderechista de la política peruana se aprestaban a tomar el control total del Estado. No duró una semana.

La particularidad de ambas experiencias es que en las ciudades se puede activar un clima de confrontación y violencia que puede, fácilmente, potenciar otras dinámicas políticas que derivan en crisis que afecta seriamente la gobernabilidad, o cambia definitivamente los fundamentos políticos y constitucionales que son vistos como los causantes de las desigualdades sociales y políticas.

Todo esto debemos tomar en cuenta que los conflictos que se pueden generar o dinamizar en las ciudades del país, particularmente Lima Metropolitana, ya sea contra un incremento del costo de vida o por decisiones políticas del Congreso de la República o del Ejecutivo que genere más inestabilidad y confrontación, puede terminar en una crisis política con resultados imprevisibles.

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