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Foto: Javier Contreras / Spacio Libre

Por: Javier Contreras / @javiperiodismo

¿Sabía usted que el Poder Judicial solo ha investigado 81 de las más de 3 mil denuncias por delitos de lesa humanidad perpetrados en las décadas del 80 y 90?

En el auditorio principal de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos se llevó a cabo la conferencia internacional «La Justicia frente a los crímenes de lesa humanidad en el Perú y Argentina» organizada por el Instituto de Defensa Legal (IDL) y que contó con un panel de ponentes internacionales.

Spacio Libre, fue el único medio que llegó hasta el lugar de la importante conferencia, a continuación un informe detallado de lo expuesto.

Ante un auditorio colmado por estudiantes de diversas universidades, intelectuales, profesores, entre otros. Glatzer Tuesta, Director del Instituto de Defensa Legal dio las palabras de bienvenida y apertura.

Foto: Javier Contreras / Spacio Libre

Gloria Cano abrió el conversatorio, la abogado que se desempeña como Directora Ejecutiva de la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH) inició su ponencia refiriéndose al informe de la Comisión de la Verdad que asegura que las estrategias utilizadas por el gobierno durante la guerra armada ocasionó más violencia en los pueblos pobres.

Cano, denunció que en la década de los 80 la fiscalía no investigó ningún caso y después, en lo que catalogó como un hecho «cobarde»:  «El Poder Judicial traspasó todos los casos al fuero militar, el mismo que los archivó por más de una década» aseveró.

Un hecho que destacó fue la ley de la Amnistía, promulgada en 1995 por el que se borraba antecedentes a los crímenes de lesa humanidad, tal norma fue derogada años después por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, afirmó.

La abogada continuó desnudando las falencias del estado en este proceso «El Ministerio Público jamás se comprometió, al punto de archivar solo en Ayacucho 200 casos» declaró, así también aseguró que una de las causas por las que no se puede realizar un buen trabajo es por falta de recursos.

Acto seguido, tomó la palabra la prestigiosa investigadora Jo – Marie Burt, quien cumpliera la función de observadora durante el proceso que se siguió al ex presidente Fujimori.

Burt expuso la serie de dictaduras y violaciones sistemáticas a los Derechos Humanos en América desde 1960 hasta fines del siglo pasado, sin embargo resaltó que a diferencia de otros casos (Como Ruanda o Yugoslavia que se ampararon en cortes internacionales), los países americanos han usado tribunales domésticos para denunciar y castigar a los responsables.

«Entre 1980 y el 2000 se han elevado 3 mil denuncias por Derechos Humanos en el Perú, sin embargo solo se han judicializado 81, y se han archivado 1400 casos por presunta falta de información, percibo una paradójica combinación entre impunidad y justicia» aseguró Burt.

Así también, calificó como «inédito» la desestimación de los testimonios de los familiares de las víctimas por considerarlos parte interesada. «Esto es un atropello» reclamó.

Burt culminó su intervención denunciando la poca cobertura de los medios a todos los casos, «Solo cubren los más mediáticos» recalcó.

Continuó con la disertación, Carlos Rivera Paz, abogado de reconocida trayectoria por su participación en la Comisión de la Verdad y que actualmente es Coordinador del área legal del IDL.

Para el penalista el fallo del 20 de julio de la conocida «Salla Villa Stein» ha puesto en tela de juicio la firme postura contra los casos de grave violación contra los Derechos Humanos, pese a que la CIDH ya desestimó esta decisión.

«Villa Stein declaró que el caso de Barrios Altos no constituye una violación a los Derechos Humanos, lo calificó como un delito común, lo cual es incongruente con la jurisprudencia peruana» afirmó Rivera.

Sin embargo Rivera Paz consideró como un notable avance que los crímenes de lesa humanidad no prescriban de modo que los perpetradores no puedan ampararse en esta normativa.

La segunda parte del conversatorio tuvo la intervención de dos invitadas argentinas: Carolina Varsky y Lorena Balardini, ambas del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS)

Varsky hizo una retrospectiva de los vivido en Argentina: «Entre 1976 y 1983 vivimos una fuerte dictadura, la que finalizó en el 84 con un informe titulado Nunca Más, en el 85 se enjuició a las Juntas Militares, las mismas que en el 90 recibieron un indulto. Luego, en 1992 los familiares de las víctimas recibieron una reparación económica, en el 95 se abre la investigación en busca de la Verdad y a partir del 2000 se reapertura el proceso penal»

Además consideró el caso de Barrios Altos como la llave para que en Argentina se abran las investigaciones, al punto que hoy hay 302 condenados.

Finalmente, Lorena Balardini, socióloga y catedrática, dedicó su exposición a revalorar el papel de los testigos en los procesos, para la estudiosa se debe entender y estudiar el concepto de Testigo – Víctima, que es un concepto complejo y que requiere pericia técnica departe de los operadores judiciales.

De esta forma, concluyó este interesante evento, con el compromiso de seguir promoviendo espacios donde se reflexione sobre la importancia de los Derechos Humanos y de la defensa de los mismos.

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