Por: Diego Vertiz /@DiegoVertizM
Lima, Perú (Spacio Libre).- Hace unos días el Tribunal Constitucional (TC) determinó que no hubo crímenes de lesa humanidad en la matanza ocurrida en el desaparecido penal «El Frontón» durante el gobierno de Alan García Pérez donde murieron 133 internos.
Dicha determinación se tomó a raíz de no encontrarse indicios que prueben una gestión premeditada del gobierno de García para acabar con la vida de los internos amotinados en dicho centro penitenciario.
Al respecto, fuimos en busca de Elviro Aponte Collazos, padre de uno de los reos de dicho penal ejecutado en el motín de 1986. Don Elviro empezó mostrando su indignación con la determinación del Tribunal Constitucional (TC) con respecto a la matanza en «El Frontón».
«Considero que es una brutalidad por parte del Tribunal Constitucional (TC), como ellos son apristas han sacado esa opinión pública solo para blindar al criminal Alan García Pérez, el caso está en la Sala Penal Superior Nacional y está para empezar el juicio oral».
Juan Carlos Aponte Silva estaba recluido en dicho establecimiento penitenciario por terrorismo, don Elviro nos comentó que «A mi hijo lo apresaron en un micro en una batida, le consiguieron un carné del colegio Carlos Wiesse de Comas y por el simple hecho de estudiar en dicho colegio lo tildaron de terrorista».
«Ni bien enterados de que mi hijo estaba detenido, fuimos a la DIRCOTE donde me recibió el Oficial Cáceres. Él me planteó que mi hijo era un terrorista y me pidió quinientos dólares para recuperar a mi hijo, pero como soy humilde tuve que decirle que no tenía y él me respondió que era una pena pero que se iba recluido, mi hijo fue encerrado por dos años sin ninguna investigación ni sentencia alguna», comentó Don Elviro.
Al producirse el motín en el Pabellón Azul, el gobierno le dio luz verde a la Marina de Guerra para que tomara el control de la isla. «Los reos ya se habían rendido y habían desistido de continuar con el amotinamiento, pero fueron ejecutados cruelmente por efectivos de la Infantería de Marina, ahí matarona mi hijo. Luego de la matanza, solo me devolvieron un hueso de mi hijo el cual está enterrado en el cementerio de Comas.», añadió Elviro Aponte.
El 5 de Enero del 2005 el Tribunal Constitucional declaró IMPROCEDENTE la petición de Hábeas Corpus presentado en el caso de Juan Carlos Aponte Silva. Don Elviro nos relató que «Según la Fiscalía Superior Penal el documento pasó a la Sala Superior Penal con toda la acusación en contra de los 33 marinos, pero en este documento no hay acusación contra Alan García, Giampietri y Mantilla los directos responsables de todo este caso, Alan García tiene poder político maneja todo el poder judicial, en todos lados están los apristas y ahora la prueba más contundente de ello la determinación del Tribunal Constitucional (TC), para ellos no existe la prueba de lesa humanidad pero en el expediente 125-2004 constituye que si hubo crimen de lesa humanidad».
Don Elviro nos comentó que lleva cerca de 28 años pidiendo justicia, asistiendo a la Sala Penal, al Poder Judicial pero no recibe respuesta alguna. «Este expediente fue emitido el tres de enero del dos mil tres y lo único que han hecho es dilatar el tiempo. Justamente han recusado al magistrado que fue nombrado para ver este caso».
«En este expediente, los medios probatorios se encuentran en la página 82, además, en la sesión del consejo de ministros del 18 y 19 de julio de 1986 felicitan a la fuerza armada de haber cumplido a cabalidad la consigna impartida por Alan García Perez como presidente de la república. Otra de las pruebas es que en este expediente hay testimonios de 34 sobrevivientes de aquella masacre», agregó Aponte Silva.
En dicho expediente el cual pudimos leer en la página 392, los 33 marinos implicados son acusados de homicidio calificado. Don Elviro Aponte culminó la entrevista exigiendo que se acabe la impunidad y que se esclarezca el caso.
«La culebra solo pica a los que no tienen zapatos, ese es el poder judicial, en nuestro país no hay justicia para los pobres, la justicia es solo para los ricos, los pobres no tenemos nada que ofrecerle al poder judicial para que nos atienda, no dejen en la impunidad este caso, porque este caso aún no acaba, lleguen hasta el final».
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