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La actividad universitaria en el Perú, al fin, toma rumbo, tenemos noticias que las universidades hacen esfuerzos por invertir en infraestructura, capacitación docente, a tropezones, pero se va progresando, entonces sale Mulder y….

mulder

Y acto seguido anuncia que buscarán la derogación de esta Ley. Su compañero de bancada, Javier Velásquez Quesquén le siguió la cuerda y añadió que se debe modificar las facultades de la Sunedu para devolverle ‘autonomía’ a las universidades. Inmediatamente después, y como no podía ser de otra manera, el presidente de la comisión de Educación del Congreso, Lucio Ávila, la respaldó y la bancada naranja también.

¿De dónde viene la propuesta? De Iván Rodríguez, quien era presidente de la extinta ANR y ahora lidera la ASUP, una suerte de sindicato de los rectores de las universidades privadas, que anhela que vuelvan los tiempos en los que podían hacer de las universidades su chacra, así como Fujimori les permitió y enseñó durante sus Gobiernos.

Universidades crecen por doquier ¿crece la educación también? / Foto: Pública
Universidades crecen por doquier ¿crece la educación también? / Foto: Pública

La propuesta apunta a una nueva composición del Consejo Directivo de la Sunedu. Se propone que dicho consejo esté integrado por  representantes de la Confiep (1), Concytec (1), colegios profesionales (1), y cuatro rectores (2 de universidades de públicas y 2 de universidades privadas).

Inmediatamente, muchas personas del ámbito académico y político rechazaron esta iniciativa. El regidor de la Municipalidad de Lima, Augusto Rey, fue uno de los que más indignado se mostró y a través de su cuenta de facebook respaldó la norma vigente.

Los cambios que se están planteando buscan flexibilizar los requisitos exigidos a las universidades públicas y privadas para obtener grados y títulos, así como para ejercer la docencia. Se propone, además, reducir las exigencias de transparencia y, por tanto, dificultar la fiscalización del uso de sus recursos.

Lo que es más grave, se pretende que los rectores y dueños de universidades que deben ser fiscalizadas estén dentro del consejo directivo de la SUNEDU. Esto constituye un evidente conflicto de interés que tiene el objetivo solapado de fortalecer los privilegios de los dueños de universidades y rectores que se habían enquistado en el poder gracias a la cuestionada e ineficiente Asamblea Nacional de Rectores. Como cereza de la torta, se le quita la rectoría al Ministerio de Educación y el superintendente del SUNEDU ya no sería designado por el Estado, sino por ese nuevo consejo directivo manejado por los que deben ser fiscalizados.

Confundiendo autonomía con anarquía, se busca convertir a la universidad en una institución a la que todo se le permite y a la que nadie le puede reclamar nada. En este esfuerzo por retroceder lo avanzado, la educación es reducida a un “buen negocio”, olvidando que el primer y casi exclusivo objetivo que se debería perseguir es educar bien. Como dice el profesor Jorge Secada, “la mejor educación, la educación excelente, es a lo que debemos apuntar para todo peruano”

Pero ojo, no todos los rectores están coludidos con Rodríguez. La Asociación Nacional de Universidades Públicas (ANUPP) expresó su apoyo a la Ley Mora y pidieron al Ministerio de la Educación, se cumpla con fortalecer Sineace, para que ellos puedan acreditar la calidad de su enseñanza.

Algo raro hay aquí

Pero, ¿de cuándo acá los fujimoristas (herederos de la más corrupta dictadura que haya tenido el Perú) y los apristas (sus socios en la última década) levantan la bandera de la ‘autonomía’?

Permítannos ser suspicaces y dudar de las intenciones de estos grupos congresales. Acá hay algo más, quizás la intención de favorecer a sus militantes, financistas, muchos de los cuales son dueños de universidades.

El fujimorismo, ligado a la Universidad Alas Peruanas, que en el 2014 facturó US$ 161 millones y a la Universidad Tecnológica del Perú que cerró el mismo año con US$ 72 millones de ganancias; y el aprismo y su unión con la Universidad San Martín de Porres que ganó US$ 181 millones en el 2014 quieren evitar que sus ‘vacas sagradas’ dejen de dar la leche que las mantiene vivas.

En ese mismo sentido no sería raro que Alianza para el Progreso apoye la moción, pues le toca defender a la César Vallejo, que culminó el 2014 con réditos por US$195 millones.

Así las cosas, la nueva Ley Cotillo tiene los votos necesarios para llegar al Pleno, y por qué no, ser promulgada.

Pero…

mora

Ahí estaremos.

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