NdR: Va algo tarde, pero rescatamos esta nota importante en materia de derechos humanos.
(Tomado de Huancayorktimes).- Con fecha 8 de marzo de 2010, el titular de la Tercera Fiscalía Provincial Penal de Huancayo, Carlos Carhuancho Mucha, presentó la denuncia penal ante el Primer Juzgado Penal de Huancayo, contra seis mandos militares acusados de ser los autores mediatos de crímenes y desapariciones cometidos contra estudiantes universitarios y algunos catedráticos de la Universidad Nacional del Centro del Perú (UNCP) de Huancayo, durante los años del conflicto armado interno.
¿Las víctimas? 72 personas. Todos desaparecidos y/o asesinados a manos de un sector de las Fuerzas Armadas, entre los años 1989 y 1993. Nótese: los hechos fueron cometidos durante los últimos años del primer gobierno de Alan García y (la gran mayoría de casos) en los primeros años de mandato del hoy encarcelado por los crímenes de Cantuta y Barrios Altos, Alberto Fujimori.
Al igual que en el caso de la Universidad La Cantuta, en Huancayo se registraron secuestros y asesinatos contra estudiantes universitarios. Basta revisar el informe de la CVR para advertir la forma sistematizada en la ejecución de la gran mayoría de estos actos. Por ello, la teoría de la autoría mediata, que sirvió para lograr la condena contra Alberto Fujimori, es tomada en la acusación presentada por el Ministerio Público.
Los denunciados
Seis son los mandos militares denunciados por estos delitos. Si bien la fiscalía halló responsabilidad del general EP Carlos Leonidas Torres Rodríguez (jefe de la 31 División del Ejército «Frente Mantaro» en 1992) con 39 víctimas en su haber, lo mismo que del Teniente Coronel Francisco Roberto Contreras Ramos (2 víctimas), no los pudo denunciar porque ambos ya han fallecido. En cambio, todavía viven y deben responder ante la justicia los siguientes ex mandos militares:
Gral EP Manuel Jesús Delgado Rojas
Jefe de la 31 Brigada de Infantería del Ejército entre 1989 y 1990.
Presunto autor mediato de homicidio (13 víctimas) y de delito contra la libertad individual (6 víctimas).
Coronel EP Elías Fernando Espinoza del Valle
Jefe del Estado Mayor de Operaciones de la 31 División del Ejército en 1990
Presunto autor mediato de homicidio (12 víctimas) y de delito contra la libertad individual (5 víctimas).
Gral. Luis Augusto Pérez Documet
Jefe de la 31 División del Ejército Peruano en 1991.
Presunto autor mediato del delito contra la libertad individual (3 víctimas) y de secuestro agravado (5 víctimas).
Teniente Coronel Danilo Nicolás Gonzales Campana
Comandante de la 31 División del Ejército entre 1991 y 1992.
Presunto autor mediato de delito contra la libertad individual (3 víctimas) y secuestro agravado (16 víctimas) y homicidio calificado (25 víctimas).
Teniente Boris Adolfo Rosas Esquivel
Jefe de la Base de Acción Cívica de la UNCP del Ejército entre febrero de 1992 y febrero de 1993.
Presunto autor mediato de los delitos de secuestro agravado (24 víctimas) y homicidio calificado (15 víctimas).
General Roboan David Jaime Sobrevilla
Jefe de Brigada de Infantería de la 31 División del Ejército entre 1993 y 1994.
Presunto autor mediato de los delitos de homicidio calificado (1 víctima) y secuestro agravado (5 víctimas).
Las víctimas
Conviene detenerse en esto. La CVR ha registrado un total de 92 víctimas. De esta cifra, 18 corresponden a asesinatos cometidos por los grupos terroristas Sendero Luminoso y el MRTA. La cifra mayor, 74, corresponde a asesinatos (43) y desapariciones (31) cuya responsabilidad es atribuida a las fuerzas del orden.
Como es obvio, jamás se conocerá la cifra exacta del total de las víctimas. No todos los casos fueron denunciados en su momento. En la acusación presentada por el fiscal se da cuenta de 72 víctimas, pero no incluye los casos de los estudiantes desaparecidos Francisco Juan Fernández Gálvez y Alcides Coppa Taipe (proceso que se ventila en otro expediente), con lo que suman a 74. Pero hay otro caso aislado (por el secuestro de Jhonny Martínez Quispe) que correspondería a otro expediente, con lo que sumaría una víctima más. Y así. Difícil será conocer la cifra exacta de las víctimas universitarias de Huancayo de los años del conflicto armado interno.
Retomando, en el expediente principal que motiva este informe hay 72 víctimas. Seis son citados como agraviados, pues aún viven. Uno de ellos, Miguel Ángel Cieza León, radica fuera del país, en la clandestinidad, y no puede retornar a falta de garantías.
P.d. Pueden revisar un informe sobre este caso emblemático en la web de la revista Crónika (apúrense, pues ya se vence el contrato, la web al parecer dejará de existir). De lo contrario, pueden encontrar el informe aquí.
NdeR: Igual lo pueden encontrar aquí también
Sobre el autor
Francisco Pérez García
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