Lima, Perú (Spacio Libre).- El Decreto Legislativo 1097 aprobado por el Ejecutivo ha traído mucha cola, pues dejaría en posibilidad de «exigir» su libertad a militares y civiles procesados y condenados por violaciones a los derechos humanos, toda vez, que el decreto de marras (firmado por el presidente Alan García y de manera sorprendente por el titular de Justicia, Víctor García Toma) establece la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad, cometidos a partir del año 2003. Como cita hoy La República «Ni en el Chile de Pinochet llegaron a tanto».
Pero este decreto afecta a cientos de familias que aún hoy siguen buscando justicia por la pérdida de sus seres queridos. Además de los casos emblemáticos más conocidos como La Cantuta y Barrios Altos, hay otros procesos judiciales por casos de desapariciones y asesinatos que podrían ser archivados por efecto de este y otros decretos promulgados por el Ejecutivo.
Por ejemplo, está el caso del crimen de Pomatambo-Parco Alto (Ayacucho), ocurrido en octubre de 1986, donde 13 comuneros fueron torturados y ejecutados por una patrulla del Ejército Peruano (EP).
“Mi padre se encontraba preparando chicha con sus compañeros dirigentes para una actividad deportiva de la comunidad, cuando unos 30 soldados del Ejército, al mando de un tal capitán Bardales, los detuvieron acusándolos de ser terroristas. Ellos fueron trasladados a la comunidad campesina de Parco Alto donde fueron torturados, descuartizados e incinerados junto con comuneros de esa comunidad”, recuerda con tristeza Clotilde Najarro Remón (52), quien fue hija de Antonio Najarro Soto, el presidente de la comunidad campesina de Pomatambo de aquel entonces.
Clotilde Najarro asegura que estos decretos legislativos buscan garantizar la impunidad total de los militares implicados en violaciones a los derechos humanos. “La muerte de mi padre y de todas las víctimas no pueden quedar impunes. Exijo justicia. Los asesinos deben estar contentos por todo esto”; dice.
El caso de Félix Ansualdo Vicuña (80) no es menos trágico, pues su hijo, Kenneht Ansualdo Castro desapareció cuando éste tenía apenas 25 años de edad y era estudiante de los últimos ciclos de la carrera de Economía en la Universidad Nacional del Callao.
“Mi hijo desapareció un 16 de diciembre de 1993. Él quiso presentarse como testigo de la desaparición de su compañero Martín Roca Casas, quien había desaparecido un mes antes. Sin embargo, antes de ir a declarar a la Fiscalía para dar su versión, fue secuestrado por tres desconocidos a dos cuadras antes de llegar a mi casa. Se lo llevaron en un Volkswagen rojo y nunca más supe de él. Después, nos enteramos que fue llevado al Pentagonito y que fue incinerado. Por este caso, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha responsabilizado al Estado Peruano en el 2009. Ahora pretenden salvar a los asesinos”; expresó. (Este caso está registrado en detalle en el libro «Muerte en el Pentagonito» del periodista Ricardo Uceda)
Cabe señalar que además de estos casos, los beneficiados serían todos los implicados en graves casos de violación de los derechos humanos ocurridos entre los años 80 y 90, entre ellos el Caso Frontón, Cayara, Accomarca, la Cantuta, Barrios Altos, la matanza del penal Castro Castro, Mariela Barreto, entre otros (crímenes cometidos durante los gobiernos de Belaunde, Alan García y Alberto Fujimori).
Según denunciaron los abogados de diversas entidades de Derechos Humanos, con estos Decretos Legislativos (DL Nº 1097–1095–1094–1096), resultarían directamente beneficiados el actual presidente Alan García, el sentenciado Alberto Fujimori, Vladimiro Montesinos, y militares cómo Santiago Martin Rivas, Telmo Hurtado Valencia, Carlos Pichilingüe Guevara, Sosa Saavedra, entre otros.
El DL Nº 1097 señala, que solo se considera crimen de lesa humanidad aquellos delitos cometidos luego del año 2003 y no precisamente, los crímenes cometidos durante el período de violencia política (80 y 90). Al respecto, Carlos Rivera, abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL), alertó que “con estas normas, la sentencia dictada por la sala de César San Martín, se quedaría en “offside” pues ahora, lo que cometió Fujimori ya no es crimen de lesa humanidad”.
“Estos decretos solo son comparables con la ley de amnistía de 1995, porque se busca excluir de los casos a los procesados por los derechos humanos. Ciertamente, estos decretos son más sofisticados, pero apuntan a lo mismo, son parte de una campaña de la alianza del gobierno con el fujimorismo, y con los sectores vinculados a los actos de corrupción”, agregó Rivera.
Con información de IDL y FEDEPAZ
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