Lima, Perú (Spacio Libre).- El Decreto Legislativo 1097 aprobado por el Ejecutivo ha traído mucha cola, pues dejaría en posibilidad de «exigir» su libertad a militares y civiles procesados y condenados por violaciones a los derechos humanos, toda vez, que el decreto de marras (firmado por el presidente Alan García y de manera sorprendente por el titular de Justicia, Víctor García Toma) establece la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad, cometidos a partir del año 2003. Como cita hoy La República «Ni en el Chile de Pinochet llegaron a tanto».

Pero este decreto afecta a cientos de familias que aún hoy siguen buscando justicia por la pérdida de sus seres queridos. Además de los casos emblemáticos más conocidos como La Cantuta y Barrios Altos, hay otros procesos judiciales por casos de desapariciones y asesinatos que podrían ser archivados por efecto de este y otros decretos promulgados por el Ejecutivo.

Por ejemplo, está el caso del crimen de Pomatambo-Parco Alto (Ayacucho), ocurrido en octubre de 1986, donde 13 comuneros fueron torturados y ejecutados por una patrulla del Ejército Peruano (EP).

“Mi padre se encontraba preparando chicha con sus compañeros dirigentes para una actividad deportiva de la comunidad, cuando unos 30 soldados del Ejército, al mando de un tal capitán Bardales, los detuvieron acusándolos de ser terroristas. Ellos fueron trasladados a la comunidad campesina de Parco Alto donde fueron torturados, descuartizados e incinerados junto con comuneros de esa comunidad”, recuerda con tristeza Clotilde Najarro Remón (52), quien fue hija de Antonio Najarro Soto, el presidente de la comunidad campesina de Pomatambo de aquel entonces.