Lima, Perú (Spacio Libre).- Días claves los que vivirán las víctimas del conflicto armado interno entre 1980 y 2000, pues dentro de 3 días (31 de diciembre) finalizarán las inscripciones en el Registro Único de Víctimas (RUV) para recibir las reparaciones civiles, a causa del Decreto Supremo N°051-2011-PCM, que se aprobó durante los últimos días del gobierno de Alan García.

Ante los hechos, Spacio Libre se comunicó con Gisela Ortiz, integrante del Equipo Peruano de Antropología Forense (EPAF), y hermana de Enrique Ortíz, uno de los estudiantes ejecutados y desaparecidos en La Cantuta; y con Jairo Rivas, secretario técnico del Consejo de Reparaciones y estas fueron sus declaraciones:

Decreto Supremo 051:

Lo que establecía el decreto era en un principio que el Registro Único de Víctimas (RUV) cerraría el 31 de diciembre de este año. El monto de las reparaciones económica individual sería de 10 mil soles con algunas características para algunos beneficiarios como el tema de la edad, para los pobres que sean mayores de 80 años, y para el caso de los viudos o viudas mayores de 60 años. (Gisela Ortiz)

Tema 1: Plazo para las inscripciones ¿discriminación?

Nosotros desde el primer momento hemos manifestado nuestra disconformidad con ese decreto. Primero porque cuando se creó el Registro Único de Víctimas, el sentido de la ley era que sea un registro permanente, no solo porque hay muchas gente que está desinformada, muchos familiares, sino también porque el Estado nunca le dio presupuesto al RUV para que pudiera hacer visitas a cada una de las comunidades para recoger información de las víctimas, y por ende inscribirlas. Creo que falta un 20 o 30% de personas que se quieren inscribir.