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A propósito del inicio del juicio contra militares responsables de violaciones masivas en Manta y Vilca y la demora de la denuncia quienes promovieron y ejecutaron las esterilizaciones forzadas es que Spacio Libre se pronuncia sobre la injusticia que rodea a estos casos.

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Exteriores de la sala penal nacional donde se realiza el juicio por el caso Manta Vilca / Foto: Karina Tamayo (Spacio Libre)

«Justicia que tarda no es justicia». Esa sola frase presente en diversas manifestaciones por la memoria y la lucha contra la impunidad resume lo que se está viviendo actualmente en dos casos emblemáticos de violaciones sistemáticas a los derechos humanos y que tienen un punto en común: tienen rostro de mujer.

Más de 2000 mujeres que fueron esterilizadas contra su voluntad durante el gobierno de Alberto Fujimori reclaman justicia. Le exigen a la fiscal Marcelita Gutiérrez que de una vez por todas presente la denuncia respectiva contra los responsables del acto que les malogró la vida y que hirió sus dignidades, violentó sus cuerpos y en muchos casos destruyó sus familias.

La denuncia debería incluir a Alberto Fujimori y Alejandro Aguinaga en sus condiciones de presidente de la República y ministro de Salud, respectivamente, quienes idearon, promovieron y apoyaron este acto de esterilizaciones forzadas como una política de Estado, dentro del programa de planificación familiar y con ellos a los médicos y exdirectores de las instancias de salud que respaldaron y ejecutaron estas acciones.

Son más de 20 años, las que estas mujeres esperan por algo de justicia. Que esperan pacientemente que el Ministerio Público y posteriormente el Poder Judicial no le digan que sus exigencias, sus marchas, sus protestas y sus propias vidas no han servido de nada para lograr encerrar a los culpables.

María Emilia Flores. Víctima de Esterilizaciones Forzadas durante la dictadura fujimorista / Foto: Captura de video
María Emilia Flores. Víctima de Esterilizaciones Forzadas durante la dictadura fujimorista / Foto: Captura de video

MANTA Y VILCA

De 24 mujeres violadas por militares entre los años 1984 y 1988 en las zonas de Manta y Vilca en Huancavelica, 14 presentaron la denuncia respectiva para que su caso sea tomado en cuenta, de ellas 9 han llegado al inicio del juicio oral. A eso hay que agregar que existen, solo en Manta, 32 personas que nacieron producto de estas violaciones.

Este acto criminal, que muestra la prepotencia, el abuso y la salvajada de quienes supuestamente deberían haber defendido a la población de la insanía terrorista, recién ha iniciado su camino de justicia. La semana pasada se inició el proceso y es un largo recorrido el que les espera a estas nueve mujeres que han tenido el valor de continuar.

Aquí también las víctimas, fueron mujeres y sobre todo quechuahablantes. Mujeres que fueron vilipendiadas por el Estado, por su país y que hoy reclaman y exigen justicia, no solo para ellas, sino para su familia. Una justicia que si ya se demoró 20 o 30 años tal vez no sirva para reparar el daño hecho, pero sí para enrostrarle a los responsable que sus actos no pueden ni deben quedar impunes.

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