Trata de Personas / Agencia Andina
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En algún momento el caso de Gabriela Sevilla, la joven supuestamente embarazada que desapareció y posteriormente fue encontrada sin su bebé, fue sindicado por diversas personas como una estadística más de trata de personas, un delito muy grave y que genera mucho daño en el país.

Pasada la estridencia del caso y conocidos los elementos que desmintieron el suceso, toca analizar -en serio- qué se está haciendo en Perú en la lucha contra la trata de personas. Esto, sería un tema bastante simple de analizar si es que se tuviera informes de lo que los gobiernos han venido haciendo en sus gestiones.

Sin embargo, desde el año 2018, el Poder Ejecutivo no cumple con rendir cuentas de los avances, medidas y retos en la lucha contra este grave delito.

Según información publicada por la ong CHS Alternativo, desde el gobierno de Pedro Pablo Kuzcynski, 13 gabinetes y 17 ministros del Interior no han cumplido con rendir cuentas a la ciudadanía a pesar que la ley así lo exige.

Esto según lo que señala la Ley 29918, Ley que declara el 23 de septiembre de cada año como el Día Nacional contra la Trata de Personas y que señala en su artículo 3

El Presidente del Consejo de Ministros y el Ministro del Interior acuden al Congreso de la República en el mes de septiembre de cada año para dar cuenta de la forma en que se vienen adoptando medidas para el cumplimiento de las metas y objetivos establecidos en el Plan Nacional de Accióncontra la Trata de Personas 2011-2016,

Situación refrendada en el marco normativo del Decreto Supremo N° 017-2017-IN que aprueba el Plan Nacional contra la Trata de Personas 2017-2021 que señala en su Marco Normativo:

Asimismo, estableció que el Ejecutivo tenga la obligación de dar cuenta al Congreso de la República sobre las acciones que se vienen adoptando para el cumplimiento de las metas y objetivos establecidos en el Plan Nacional de Acción contra la Trata de Personas.

Pese a lo señalado, los gobiernos de Pedro Pablo Kuczynski, Martín Vizcarra, Manuel Merino (aunque ilegítimo, considerado para la estadística), Francisco Sagasti y Pedro Castillo han omitido esta obligación, pese a que solo en 2021 se registraron más de 2,600 víctimas de este delito.

ESTOS SON LOS PCM Y MINISTROS DEL INTERIOR QUE NO RINDIERON CUENTAS SOBRE LA TRATA DE PERSONAS

La última rendición de cuentas se realizó en el año 2017, cuando el entonces premier Fernando Zavala y el ministro del Interior Carlos Basombrío anunciaron una serie de logros y metas proyectadas al finalizar el periodo de vigencia del PNAT, de las cuales hasta la fecha no se tiene resultados.

Al respecto Luis Enrique Aguilar, director de Políticas y Estrategias de CHS Alternativo, subrayó que la ausencia de información afecta directamente a la ciudadanía, especialmente a las personas más vulnerables, que están en mayor riesgo de ser víctimas de este delito.

“Las causas de esta ausencia pueden ser varias, pero que hayan pasado cuatro gobiernos con sus distintos funcionarios y que ninguno haya hecho la rendición de cuentas nos preocupa, porque no sabemos sobre qué estamos trabajando”, dijo.

En el congreso, la legisladora Susel Paredes, del grupo Integridad y Desarrollo presentó la Moción de Orden del Día N° 4266, solicitando que el premier Aníbal Torres y el ministro del Interior, Willy Huerta, acudan al Congreso de la República para que, en cumplimiento de la Ley 29918, rindan cuentas sobre el avance de las metas y objetivos del Plan Nacional contra la trata de personas 2017-2021, al haber concluido sus 5 años de ejecución.

Moción de Orden Del Día 4266 by Spacio Libre on Scribd

A través de la moción, que lleva las firmas de varios congresistas, se solicita que los ministros informen sobre las acciones ejecutadas durante el 2021 y su proyección al 2022, conforme el marco estratégico establecido por la vigente Política Nacional frente a la Trata de Personas y sus formas de explotación al 2030.

ESCASO PRESUPUESTO PARA LA TRATA

CHS Alternativo, a través del VIII Informe Alternativo –un balance de las acciones de las diversas instituciones públicas en la lucha contra la trata de personas, presentado hace unas semanas–, alertó que la inestabilidad política ha impactado en la continuidad de las medidas implementadas contra este flagelo. Asimismo, advirtió de la evidente reducción de presupuesto, puesto que actualmente se invierte 0.12 céntimos de sol por persona para prevenir, atender, proteger y sancionar el delito.

Aguilar agregó que “ante este escenario necesitamos explicaciones. El Estado y las principales instituciones que luchan contra la trata de personas deben ser transparentes y rendir las cuentas de lo trabajado y lo pendiente por cumplir. Desde CHS Alternativo hemos elaborado un documento de estación de preguntas, que plantea una serie de interrogantes sobre las próximas acciones a desarrollar, el cual extendemos a las instituciones públicas para que expliquen cuáles son las medidas contempladas para reducir las condiciones que representan un riesgo para las potenciales víctimas de trata de personas”, puntualizó.

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