Foto: El Comercio
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Lima, Perú (Spacio Libre).- La Defensoría del Pueblo informó que en el mes de setiembre se registraron 238 conflictos sociales a nivel nacional, una cantidad intermedia con respecto a los resultados de febrero (229) y junio (247).

De estos conflictos, registrados en el Reporte Mensual de Conflictos Sociales, 167 se encuentran en actividad y conforman un 70.2% del total, mientras que los 71 restantes son de carácter latente, siendo el 29.8%..

La mayor incidencia se halla en las regiones de Áncash (32 casos) y Puno (22 casos). Les siguen las regiones de Lima (17 casos), Apurímac (17 casos), Ayacucho (13 casos), Cusco (13 casos), Cajamarca (13 casos), Loreto (13 casos) y Piura (13 casos).

El informe elaborado por la Adjuntía para la Prevención de Conflictos Sociales de la DP da a conocer ocho conflictos sociales nuevos: cinco de naturaleza socioambiental (Baños del Inca, Cajamarca; Tambulla & Cuarahuasi, Apurímac; La Huaca & Sechura – Piura). Los restantes son por demanda laboral (Lima Metropolitana & Arequipa), el otro por demarcación territorial (Chupaca, Junín) y finalmente uno de asuntos electorales (Trompeteros, Loreto).

Descripción de casos

En el caso de Cajamarca, en el distrito de Baños del Inca, las autoridades y la población exigen que la empresa minera Yanacocha SRL respete la creación del área de conservación municipal en torno a la microcuenca del río Quinuaro, conforme a lo dispuesto en la Ordenanza N° 051-2006-MDBI y que implicaría la paralización de las actividades de exploración en la zona.

En Apurímac, son dos los casos socioambientales. El primero compromete a los habitantes del centro poblado de Tambulla, quienes exigen beneficios a la empresa First Quantum por encontrarse en una zona de influencia directa. En el segundo caso, los pobladores de Ccochua y Ccocha exigen una distribución más equitativa de los ingresos y empleo local generados por las actividades de extracción de recursos naturales del cauce del río Apurímac.

En Piura, también surgieron dos casos nuevos. En el primer caso, los pobladores del distrito de La Huaca señalan una supuesta contaminación y perjuicio a la salud de los pobladores por parte de la empresa Agrícola del Chira SA. El segundo caso involucra a comuneros y pobladores del distrito de Sechura, quienes mantienen una controversia con la empresa American Potash por la construcción de 30 km de diques de aproximadamente 3 metros de alto que estarían causando represamiento de las aguas, afectando el sistema de riego existente.

Del mismo modo, se reporta un conflicto por demarcación territorial entre la provincia de Chupaca y el distrito de Sicaya – Junín, en tanto que el proyecto de ley que aprueba la delimitación de la primera mutilaría 5km2 de su territorio en favor de la segunda.
Además está presente un conflicto laboral de los médicos del MINSA, quienes exigen mejoras de sus condiciones laborales y de sus remuneraciones con una paralización indefinida en Lima Metropolitana y Arequipa.
Finalmente un conflicto electoral en el Distrito de Trompeteros – Loreto, donde la revocatoria del alcalde distrital no fue aprobada a causa la ausencia al sufragio por más de la mitad de electores del Padrón, alegando el hecho a una actividad deportiva organizada por el propio alcalde donde se produjeron retenciones de documentos de identidad.

De acuerdo al tipo
En cuanto a la dimensión de los conflictos registrados, son 149 casos de clase socioambiental (62,6%). Les siguen 21 casos por asunto de gobierno local (8.8%), 15 casos por asuntos de Gobierno Nacional (6,3%), y finalmente 14 casos de conflictos laborales (5,9%).
Responsabilidad de los organismos:

Las competencias se determinan de acuerdo a la normatividad, objetivos, y funciones vigentes en cada entidad estatal analizada. De este modo, la atención a los conflictos sociales registrados en Setiembre recae en el siguiente orden: 152 casos (63.9%) para el Gobierno Nacional; 50 casos para los Gobiernos Regionales y sus distintas instancias (21,0%); y 25 casos para los Gobiernos Locales, ya sea provinciales o distritales (10,5%).

Cabe destacar que, durante el mes de septiembre del 2012, 84 casos continuaron siendo tratados mediante procesos de diálogo (el 51% de los 167 casos activos); de ellos, 51 fueron abordados a través de Mesas de diálogo y Comisiones de alto nivel. La Defensoría del Pueblo ha participado en 34 de dichos espacios de diálogo intermediando y facilitando.
Por otro lado, el Reporte de Conflictos Sociales Nº 103 registra 88 acciones colectivas de protesta ocurridas durante el mes de septiembre. Además, se da cuenta de 166 actuaciones defensoriales (148 fueron acciones de supervisión preventiva y 18 de intermediación).

Por: Jaime Canicoba / @Canicoba307

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