Lima, Perú (Spacio Libre).- La Defensoría del Pueblo exige nuevas políticas públicas para combatir la violencia hacia la mujer, luego de las grandes deficiencias que presenta el primer balance del Plan Nacional contra la Violencia hacia la Mujer 2009-2015
Eduardo Vega Luna, defensor del pueblo, expresó su preocupación por las metas previstas del programa que no se alcanzaron y la necesidad de elaborar, con carácter de urgencia, un Plan de trabajo efectivo que proteja en su totalidad a las mujeres víctimas de violencia que mueren a diario.
Los altos indices de feminicidio en nuestro país y el pensamiento machista de gran parte de la población son el resultado de la falta de un trabajo articulado entre todos los Ministerios.
El importe económico asignado, no supera el 3% del presupuesto total de cada Ministerio, dinero utilizado en su mayoría para pasajes, impresiones y copias, mientras las víctimas violentadas viven sin protección alguna.
El insuficiente número de casas de refugio agrava el problema , existen solo 47 casas en todo el país que acogen a mujeres que viven en violencia.
Solo 14 de los 25 gobiernos regionales recibieron asistencia, desamparando a cientos de víctimas que no tienen un lugar a donde recurrir y denunciar a sus agresores.
La Defensoría del Pueblo expuso la carencia de una base de datos, que regularía el número de agraviadas y los puntos del país donde actuar con políticas públicas urgentes.
La educación de género dentro del actual Plan Nacional es por completo ineficiente, el tema se trabaja solo en el nivel de secundaria , olvidando la educación inicial y primaria que evitaría la formación de posibles hombre violentos y mujeres sumisas ante la violencia.
La necesidad de una educación superior que integre cursos de sexo y género en toda su currícula y la capacitación de profesionales y maestros que eviten acciones que discriminen a la mujer no se menciona en el programa nacional de Violencia hacia la Mujer y se suma al alto número de denuncias de mujeres violentas y discriminadas.
Por Susan Espinoza López/ @ Irenelilo
Con información de La Defensoria del Pueblo