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En marzo del 2013 el Consejo de Reparaciones acreditó a 182,350 víctimas. De las cuales: 1,034 son miembros de la Policía Nacional; 1,254 de las Fuerzas Armadas; 1,516 de los Comités de Autodefensa y 103,115 civiles. De acuerdo con Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional. Foto: elcomercio.pe
En marzo del 2013 el Consejo de Reparaciones acreditó a 182,350 víctimas. De las cuales: 1,034 son miembros de la Policía Nacional; 1,254 de las Fuerzas Armadas; 1,516 de los Comités de Autodefensa y 103,115 civiles. De acuerdo con Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional. Foto: elcomercio.pe

Lima, Perú (Spacio Libre).-El informe Defensorial  Nº 162 “A diez años de verdad, justicia y reparación. Avances, retrocesos y desafíos de un proceso inconcluso”,  presenta un balance de los procesos de justicia y reparación, en el cual se observa que a pesar de los esfuerzos que el Estado realizó por atender a las víctimas de la violencia terrorista, estos resultaron insuficientes, y presentaron retrasos y dificultades.

Como lo manifestó el defensor del Pueblo, Eduardo Vega “los esfuerzos del Estado por atender las secuelas de la violencia ocurrida durante los años 1980-2000 han sido importantes pero insuficientes y no han estado exentos de dificultades, demoras e, incluso, retrocesos”, señaló.

Asimismo, agregó  “Apostamos por generar una profunda, serena y responsable reflexión  sobre las obligaciones y desafíos que como Estado mantenemos con las víctimas civiles, policías y militares que nos dejó el periodo más trágico y doloroso de nuestra historia reciente”.

Lea la nota completa  en nuestra sección especial: CVR: 10 años del Informe Final

 

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