Lima, Perú (Spacio Libre).-El informe Defensorial Nº 162 “A diez años de verdad, justicia y reparación. Avances, retrocesos y desafíos de un proceso inconcluso”, presenta un balance de los procesos de justicia y reparación, en el cual se observa que a pesar de los esfuerzos que el Estado realizó por atender a las víctimas de la violencia terrorista, estos resultaron insuficientes, y presentaron retrasos y dificultades.
Como lo manifestó el defensor del Pueblo, Eduardo Vega “los esfuerzos del Estado por atender las secuelas de la violencia ocurrida durante los años 1980-2000 han sido importantes pero insuficientes y no han estado exentos de dificultades, demoras e, incluso, retrocesos”, señaló.
Asimismo, agregó “Apostamos por generar una profunda, serena y responsable reflexión sobre las obligaciones y desafíos que como Estado mantenemos con las víctimas civiles, policías y militares que nos dejó el periodo más trágico y doloroso de nuestra historia reciente”.
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