Lambayeque, Perú (Spacio Libre).- La tensión generada por el conflicto socioambiental minero de Cañaris (Lambayeque), que en menos de dos semanas ha dejado al menos 25 heridos tras los enfrentamientos entre los policías y la población indígena, ha levantado la voz de protesta de miembros de la sociedad civil y organizaciones defensoras de los derechos indígenas.
Es así que la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI) –que trabaja en Bolivia, Ecuador, Colombia y Perú– ha mostrado su preocupación sobre el accionar del Estado peruano por haber abandonado “su rol de garante de los derechos humanos, reforzando su papel como promotor de la inversión privada”.
Mediante un comunicado, el mencionado organismo sostiene que el gobierno peruano ha olvidado la importancia de la realización del proceso de Consulta Previa, tal como lo exige el pueblo de Cañaris, para que se les explique sobre el proyecto de extracción minera que pretende aplicarse en su territorio y el impacto socioambiental que este tendría.
Este derecho, solicitado también por la Defensoría del Pueblo ante la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) está amparado en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, vigente en Perú desde el 2 de febrero de 1994.
En ese sentido, insta al viceministro de Interculturalidad, Iván Lanegra, a que explique por qué, hasta el momento, “aún no se ha publicado la Base de Datos de Pueblos Indígenas previsto desde el 2012”. Además de aclarar por qué no existe una hay una cifra exacta sobre cuántos y cuáles son los pueblos y territorios indígenas existentes en el Perú.
Vale mencionar que según el Censo Nacional realizado el 2007, Cañaris tiene un total de 11 743 habitantes, 64% (7475) hablan quechua y 36% (4190) castellano. Por ello, la comunidad deber ser consultada frente a la decisión de realizar actividades extractivas que sea susceptible de afectar su territorio.
Por: Gonzalo Junco / @Gonzalo_Junco
Sobre el autor
