Por: Leonardo Cárdenas / @epidemor
El tema más difícil de los últimos gobiernos, el que duele más, es el de los conflictos socioambientales. Y es aún más doloroso para quienes valoramos la vida por encima de cualquier otro bien: esta clase de conflictos ha significado la vida de docenas de indígenas y policías. La tragedia pudo ser prevenida.
Con la idea de contribuir a la prevención de tan nefastos escenarios, surgen iniciativas como Vigilante Amazónico, ONG dedicada a informar a los principales actores de Bagua y Condorcanqui, (Amazonas), Satipo (Junín), Lamas (San Martín) y Napo (Loreto), de manera que puedan reconocer sus derechos como pueblos indígenas.
La ONG acaba de presentar su Segundo informe semestral sobre los conflictos socioambientales amazónicos. En la presentación estuvieron Miguel Lévano, coordinador del proyecto «Mitigación de conflictos y desarrollo de la Amazonía», de la Catholic Relief Services (CRS); Fermín Tiwi, abogado representante del Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP); y Miguel Valderrama, coordinador del proyecto por CooperAcción.
En torno a la Ley de Consulta Previa
Lévano señaló que la primera de las demandas reiterativas al momento de acercarse a los pueblos indígenas, es su derecho a la Consulta Previa. Esto quiere decir que los pobladores son plenamente conscientes del poder que tienen sobre sus tierras y de que una verdadera consulta previa es el camino más favorable para la prevención de conflictos futuros.
Sin embargo, el especialista también indicó que el problema principal de la consulta previa es la base de datos de los pueblos indígenas. Y es que, aunque nominalmente parece una operación sencilla, su elaboración sería un dolor de cabeza para cualquiera. La base de datos debería ser una definición de cuáles son, exactamente, los territorios indígenas en el Perú. La elaboración misma de la base de datos supondría la exclusión de muchos pueblos indígenas que, al no ser considerados, podrían iniciar movilizaciones que obligarían a cambiar constantemente el documento. Pero, debemos insistir, la médula de la Consulta Previa debería ser, sin duda, una base de datos. Parece un agujero negro que lleva al infinito o a la nada.
Fermín Tiwi Paati es awajún. Siempre ha defendido, gracias a su conocimiento de leyes, el derecho de cada pueblo indígena a la Consulta Previa, específicamente en la región Amazonas. Expuso cómo la Organización Regional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Norte (ORPIAN-P) consiguió que el gobierno regional de Amazonas aprobara, el último 9 de enero, la Ordenanza Regional que reconoce el derecho de consulta previa en su jurisdicción. Esto demuestra que, organizándose, los pobladores pueden lograr implementar reformas importantes.
Puntos clave
El último en tomar la palabra fue Miguel Valderrama, que se encargó de presentar los casos paradigmáticos de conflictos socioambientales. Al revisarlos como un conjunto, dijo, vemos que se tiene la clásica dicotomía «Estado-Empresas vs. Pueblos indígenas». Esta dicotomía no contribuye a ninguna solución porque asume que no existen caminos que el estado puede caminar junto a los pobladores, en ese sentido, ve que la solución siempre será el conflicto y el enfrentamiento.
Otra percepción común en los casos presentados es que el Estado es poco eficiente a la hora de prevenir y solucionar conflictos. La cantidad de muertes y casos en la lista de espera (hay siete conflictos socio ambientales activos que involucran a los pueblos y organizaciones indígenas) refleja claramente la causa de esta percepción. Asimismo, en todos los conflictos se detecta ausencia de cualquier mecanismo de consulta previa.
Sin embargo, algo positivo que encuentra es la posibilidad de canalizar las demandas que tienen los pueblos, porque cuentan con diversas maneras para pedir por el cumplimiento de sus derechos.
Reflexión final
Y, sin duda, otra cuestión positiva es que en el corazón de Lima sigan poniéndose estos temas sobre la mesa, se presentan cada vez más informes sobre la realidad de los conflictos socioambientales en la Amazonía (y en otras regiones) y se dé voz a aquellos de los que muchas veces se piensa (en palabras de Fermín Tiwi): «solo sirven para protestar». Si de algo estamos seguros es de que la mejor manera de escuchar al otro es dejar antes los prejuicios en el tacho de basura más cercano.
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Lo correcto hubiera sido que quienes expongan sean los apus de ORPIAN quienes realmente han conseguido este logro de la ordenanza. Fermin Tiwi no nos representa. Lo mas grave es que se hace pasar por abogado, he averiguado ha pasado 18 años en la universidad pero no tiene titulo. No nos puede sorprender de esa manera.