Lima, Perú (CNR).- Congresistas oficialistas y de oposición protagonizan un intenso debate en el Pleno del Parlamento, donde se analiza el informe de la comisión multipartidaria que el 19 de diciembre de 2008 recomendó la derogatoria del paquete de diez decretos legislativos aprobados en el marco del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos y que las comunidades de la Amazonía consideran lesivos para sus derechos .
La congresista Gloria Ramos, presidenta de la Comisión Especial Multipartidaria que revisó estos decretos amazónicos, fue la encargada de sustentar este informe y recordó que cuatro de las citadas normas han sido observados por la Defensoría del Pueblo, institución que recomendó la inmediata derogatoria de los mismos.
Ramos concluyó que las iniciativas legislativas sobre leyes orgánicas de pueblos originarios tengan un tratamiento de norma constitucional a fin de garantizar los derechos a la propiedad comunal y a la titulación de las poblaciones nativas.
A través de Ramos Prudencio, la comisión recomendó al Ejecutivo observar y respetar los derechos individuales y colectivos de los pueblos indígenas, y que propicie un diálogo permanente, intercultural y oportuno entre las comunidades y el Estado para mantener la paz social en el país.
También solicitó al gobierno que se reconsidere la adscripción del Instituto Nacional de los Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos (Indepa) a la Presidencia de Consejo de Ministros (PCM), y que esta institución asuma la afirmación, la protección, la promoción y la defensa de los derecho indígenas a nivela nacional.
:: Encendida discusión en el Pleno
A su turno, el congresista nacionalista Daniel Abugattás recordó que los decretos 994, 1064 y 1090 fueron señalados como anticonstitucionales por la Comisión Especial Multipartidaria encargada de su revisión. En tanto, para el parlamentario loretano Víctor Isla, el gobierno “se ha saltado a la garrocha” el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), suscrito por Perú en 1993, que establece el derecho a la consulta previa de los pueblos indígenas antes del comienzo de cualquier actividad extractiva o comercial en sus territorios comunales.
En tanto, Yonhy Lescano, de Alianza Parlamentaria, argumentó que estos decretos demuestran que “el gobierno ha delegado en la empresa privada la responsabilidad que tiene sobre el país”. Criticó, así mismo, la falta de licitación previa para la utilización de tierras de forma comercial e industrial.
Lescano Ancieta también cuestionó el hecho de que el manejo forestal, a partir de la promulgación de estos decretos, quede en manos de particulares, especialistas y personas jurídicas, lo que es atentatorio contra los derechos constitucionales. .
Por su parte, los representantes del Partido Aprista Peruano argumentaron que el informe debe pasar antes de ser debatido en el Congreso por la Comisión de Constitución. Dicha posición fue reforzada por lña legisladora de Unidad Nacional, Lourdes Alcorta, para quien “los derechos sobre los recursos naturales son de todos los peruanos” y de no las comunidades que las habitan.
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