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Los excesos verbales y las continuas apariciones de Urresti ¿para qué sirven? / Foto: El Comercio
Los excesos verbales y las continuas apariciones de Urresti ¿para qué sirven? / Foto: El Comercio

Por: Erick Iriarte Ahón 
@coyotegris

Redes y Violencia Política
“La violencia simplemente arma al futuro para mayores violencias. Se perpetúa en sí misma…. Una forma bárbara de incesto. Cualquiera que comete una violencia comete también todas las violencias futuras generadas por ella.”

Los Apócrifos de Muad’Dib»

Seamos claros, este no es un artículo sobre política, es un artículo jurídico, que sin embargo tiene incidencia en el quehacer político de funcionarios públicos.

Para discutir sobre lo bueno o malo, correcto o incorrecto, nivel de lenguaje o estado mental de quienes emiten comentarios en redes sociales pueden encontrar una pléyade de artículos con mayor profundidad en estos temas. Este artículo se basa en una discusión sobre si la acción de funcionarios públicos en ambientes digitales esta regulada.

La libertad de expresión es básica en la construcción de la democracia. El artículo 2.4 de nuestra constitución es explícito:

“4. A las libertades de información, opinión, expresión y difusión del pensamiento mediante la palabra oral o escrita o la imagen, por cualquier medio de comunicación social, sin previa autorización ni censura ni impedimento algunos, bajo las responsabilidades de ley”

Esta regla general establece que la libertad de expresión no debe tener una censura previa y que el que la ejerce debe asumir las responsabilidades de ley. Es decir es una norma de libertad no de libertinaje y de libre acción, puesto que la misma estructura jurídica da normas penales para el caso de mal uso de esta libertad.

Cuando uno es funcionario público, asume también otras normativas, de desarrollo constitucional y complementarias a la Constitución Entre las diversas normas que debe cumplir un funcionario público se encuentra el denominado Código de Etica de la Función Pública (Ley 27815) que indica:

“art. 7.1. Neutralidad. Debe actuar con absoluta imparcialidad política, económica o de cualquier otra índole en el desempeño de sus funciones demostrando independencia a sus vinculaciones con personas, partidos políticos o instituciones”

Este artículo se complementa con el 8.3, de la ley indicada que dice:

Artículo 8.- Prohibiciones Éticas de la Función Pública

El servidor público está prohibido de:

(…)

3. Realizar Actividades de Proselitismo Político

Realizar actividades de proselitismo político a través de la utilización de sus funciones o por medio de la utilización de infraestructura, bienes o recursos públicos, ya sea a favor o en contra de partidos u organizaciones políticas o candidatos.

Ahora bien, no existe una norma sobre utilización de redes sociales o medios digitales para la administración pública, pero la no existencia de esa norma no impide que se cumplan los principios generales en todo entorno (bajo la premisa de neutralidad tecnológica o que no se debe regular una tecnología sino las conductas).

Una persona natural en su interacción en redes sociales puede ejercer libremente el artículo 4 de la constitución. y asumir las responsabilidades de su ejercicio. Cuando uno es funcionario público además de ese artículo indicado debe cumplir las normas administrativas de su función incluyendo el Código de Etica, es decir debe actuar de manera tal que su accionar no vulnere no solo las responsabilidades de la ley (indicada en el art. 2.4 de la constitución) sino también tiene que evitar vulnerar las otras normas que le aplican como el Codigo de Etica.

El accionar pues de un funcionario público tiene que analizar mayores consideraciones, porque el ejercicio del poder, dado por la población a sus dignatarios y ellos a sus funcionarios debe estar controlado para evitar su mal uso. Es claro el principio que no se esta obligado a hacer lo que la ley no impide, pero si se es funcionario solo se puede hacer (en el ejercicio de su función), lo que la ley de manera explicita indica. Por lo que el cumplimiento explicito del Código de Etica no es solo mandatorio por las sanciones que puede tener, sino como instrumento de equilibrio democrático y evitar los abusos de poder.

A lo antes dicho debemos indicar lo que expresa el Código Penal, en los denominados delitos contra el honor:

Injuria
Artículo 130.- El que ofende o ultraja a una persona con palabras, gestos o vías de hecho, será reprimido con prestación de servicio comunitario de diez a cuarenta jornadas o con sesenta a noventa días-multa.

Calumnia
Artículo 131.- El que atribuye falsamente a otro un delito, será reprimido con noventa a ciento veinte días-multa.

Difamación
Artículo 132.- El que, ante varias personas, reunidas o separadas, pero de manera que pueda difundirse la noticia, atribuye a una persona, un hecho, una cualidad o una conducta que pueda perjudicar su honor o reputación, será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de dos años y con treinta a ciento veinte días-multa.

Si la difamación se refiere al hecho previsto en el artículo 131, la pena será privativa de libertad no menor de uno ni mayor de dos años y con noventa a ciento veinte días-multa.

Si el delito se comete por medio del libro, la prensa u otro medio de comunicación social, la pena será privativa de libertad no menor de uno ni mayor de tres años y de ciento veinte a trescientos sesenticinco días-multa.

Lo primero que hay que analizar es si las normas indicadas también abarcan las redes sociales, siendo que las mismas no hacen distingo por la plataforma donde se pueda expresar las palabras, frases, imágenes o videos agraviantes, es entendible que también abarcan las redes sociales, sumando a diversas sentencias en este sentido dadas por el poder judicial.

Los congresistas por el articulo 93 de la constitución tienen inmunidad parlamentaria (pensada fundamentalmente en evitar que la expresión de ideas pueda ser instrumento de presión política), pero cuando es delito fragante. Pero en Ministros el artículo 99 de la constitución (ante-juicio) les aplicaría, siempre y cuando sea “por todo delito que cometan en el ejercicio de sus funciones”. ¿Es parte de las funciones de un Ministro atacar a la oposición? Es parte de sus funciones injuriar, calumniar o difamar personas políticas y periodistas, y terceros? En cierto modo, el artículo 99 se estableció para el ejercicio de funciones, no como un manto para proteger la impunidad.

Pero pudiera decir algún funcionario que “tan solo responde”. Creo que en esta época de redes de información, el no responder es de por si una libertad, no es callando a otros o comenzando peleas de ver quien tiene mayor agresividad como se debe actuar, sino que se debe hacer sensatamente y en el marco de la ley.

Es pues la violencia (verbal) una forma errada de actuar, dado que se pierde el ejercicio del poder, que tienen funcionarios, para convertirse en un simple accionar de vendetta, el ojo por ojo y diente por diente.

“La violencia simplemente arma al futuro para mayores violencias. Se perpetúa en sí misma…. Una forma bárbara de incesto. Cualquiera que comete una violencia comete también todas las violencias futuras generadas por ella.”

Los Apócrifos de Muad’Dib»

Publicado originalmente aquí

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