Lima, Perú (El Regional).- La Congresista de la República Marisol Espinoza Cruz, informó que ha presentado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos – CIDH, información referida al caso de Torturas y Secuestro que sufrieron 28 pobladores y un periodista el año 2005 por parte de miembros de la Policía Nacional y personal de seguridad de la empresa minera Majaz (hoy Río Blanco), el documento contiene testimonios de las personas que fueron torturadas y las vejaciones de carácter sexual que sufrieron dos mujeres por parte de malos efectivos de la Policía Nacional y del personal de seguridad de la empresa minera Majaz (hoy Río Blanco).
La Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en San José Costa Rica, es una institución judicial autónoma de la Organización de los Estados Americanos cuyo objetivo es la aplicación e interpretación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y de otros tratados concernientes al mismo asunto y fue establecida en 1979.
Está formada por juristas de la más alta autoridad moral y reconocida competencia en materia de derechos humanos elegidos a título personal.
Del 12 de abril al 16 de abril Corte Interamericana de Derechos Humanos viene desarrollando en nuestro país su XLI Período Extraordinario de Sesiones en el Salón Vidaurre, del Palacio Nacional de la Justicia en la ciudad de Lima, “hemos remitido al presidente de la CIDH, doctor Diego García Sayan, una Ayuda Memoria en la cual presentamos el caso de las torturas y secuestro que sufrieron pobladores, un periodista y dos mujeres en manos de integrantes de la Policía Nacional y personal de la empresa minera Majaz (ahora Río Blanco), justamente el día de hoy jueves (ayer) en Audiencia Pública, se ha presentado el caso de la detención ilegal, violación y tortura de Inés Fernández Ortega (*), indígena del pueblo Tlapaneca Me’paa por parte del Estado Mexicano, un caso similar al sucedido en la zona Andina de Ayabaca y Huancabamba”, manifestó la congresista Marisol Espinoza
El dato
Inés Fernández Ortega, se encontraba en su domicilio un 22 de marzo de 2002, cuando 3 soldados se introdujeron en el interior de su cocina sin su consentimiento, mientras que 9 soldados se quedaron en su patio. Los soldados que entraron al domicilio de la presunta agraviada le preguntaron sobre la ubicación de su marido y sobre la carne que tenía en su patio. Al no contestar y permanecer en silencio por no hablar español, los soldados se enfurecieron y seguidamente la amenazaron con sus armas, le ordenaron que se tirara al suelo y la violentaron sexualmente.
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