Los fujimoristas no quieren perder ni un espacio en el Congreso. No conforme con copar la mayoría de las comisiones ordinarias también quieren tener el control de la oficina de administración del Parlamento. Una propuesta para modificar el estatuto de servicio parlamentario busca jugar a favor de una persona que fue bastante cuestionada para ocupar dicho cargo.
Por Francisco Pérez García
@franco_alsur
La tarde de este martes 09 de agosto la Junta de Portavoces estuvo más movida que de costumbre, no solo por la conformación de las comisiones ordinarias, de las cuales la mayoría será liderada por el fujimorismo, sino por un documento que ingresó a dicha instancia.
Se trata del Proyecto de Ley 004/2016, firmado por los representantes fujimoristas, en el cual se plantea la modificación de los artículos 13 y 15 del Estatuto del Servicio Parlamentario.
Modificación de Estatuto de Servicio Parlamentario
Entre los cambios que promueve este documento, al cual Spacio Libre tuvo acceso, resaltan la modificación de ciertos requisitos para designar al Director General de Administración y al Jefe de la Oficina de Auditoría Interna, ambos puestos de confianza de la Mesa Directiva del Congreso.
Quizá lo que llama la atención es la propuesta para la designación del director de Administración. Según el proyecto presentado por Fuerza Popular, se modifica el artículo 13 en el siguiente punto:
«Modifícase el artículo 13 del Estatuto del Servicio Parlamentario en los siguientes términos:
(…)
13.1. El director general de administración es un funcionario de confianza designado por la Mesa Directiva de entre los profesionales de carrera del Servicio Parlamentario a propuesta del Oficial Mayor.De manera excepcional y justificada la Mesa Directiva puede designar como director general de administración a un profesional no perteneciente al cuerpo de profesionales de carrera del Servicio Parlamentario, pero con experiencia de dirección en el servicio público. En este caso, la designación puede efectuarse por un plazo máximo de un año renovable»
Aquí el primer roche. En el reglamento vigente, el artículo 13 no presenta el segundo párrafo sobre la decisión «excepcional» de colocar a alguien que no forme parte del servicio parlamentario. Es decir, el fujimorismo buscaría colocar a cualquier persona que ellos consideren que pueda manejar las riendas de la administración del parlamento. Ver el estatuto vigente aquí
Siguiente punto en cuestión. La propuesta del fujimorismo plantea sobre el nivel de estudios del administrador del Congreso, lo siguiente:
«13.2. Para ser director general de administración se requiere: 1) Tener título profesional universitario; 2) tener estudios de postgrado en materia de gestión administración o probada experiencia y conocimientos en gestión y asuntos administrativos en el ámbito público (…)»
Nueva viveza del fujimorismo, cambiar el nivel de estudio a tan solo «estudios de postgrado», cuando en la norma vigente se establece:
«Para ser director general de administración se requiere tener título profesional universitario, con estudios de maestría concluidos, ser funcionario o profesional del Servicio Parlamentario en el ámbito administrativo, con experiencia en gestión pública, haber desempeñado cargos de dirección o jefatura de unidades orgánicas del Congreso de la República y tener como mínimo ocho años de ejercicio profesional en el Servicio Parlamentario.»
¿Un perfil a la medida de algún conocido del fujimorismo? Similar situación ocurre en el caso de la designación de la oficina de Auditoría Interna. Si bien no disminuyen los grados de estudios no colocan el ítem que se requiere formar parte del Servicio Parlamentario, o sea pueden poner a cualquiera.
¿Y QUIÉN ES EL ELEGIDO?
Según fuentes de Spacio Libre, el fujimorismo ya colocó a un personaje que ha sido cuestionado anteriormente, para que ocupe el cargo de administradora del Congreso.
Se trata de María Lucía Bravo Roncal, quien se ha desempeñado como Tesorera y Jefa de Finanzas del Parlamento.
Pero ¿cuál es el problema con Bravo Roncal? Se trata de un personaje que ha tenido más de un cuestionamiento en su paso por el Congreso.
En el año 2008, el congresista José Anaya, más conocido como el «comepollo» estuvo implicado en la entrega de facturas y boletas falsificadas por el consumo de pollos a la brasa, documentos que fueron entregados a la tesorería del congreso para la rendición de cuentas respectiva.
Asimismo Anaya había pedido en el 2007 un reembolso de más de 4 mil soles por la compra de pasajes a Italia, país al cual viajó para una actividad parlamentaria. El reembolso fue solicitado a la tesorería del Congreso. Y ¿quién era la gerenta de Tesorería? Pues Lucía Bravo Roncal. Así lo recuerda Utero.pe recogiendo detalles de una nota del diario Correo:
Según un informe del programa Prensa Libre, el 16 de abril del 2007 el upepo gastó S/.369 en la pollería Yorlas, ubicada en la avenida México 1337, en La Victoria (según la boleta N° 00951).
Cualquiera pensaría que le gustó la sazón de los pollos, pues retornó el 25 y 27 de abril, días en que consumió pollos por S/.428 y S/.397, respectivamente, según consta en las boletas N° 00970 y N° 00979.
Pero, ¡oh sorpresa!, Anaya Oropeza nunca pisó la pollería porque, según la dueña, las boletas [presentadas al Departamento de Contabilidad y Tesorería del Parlamento] son falsas. La señora Laura Lozano Vargas señaló que su establecimiento no emite comprobantes por cifras que superan los tres dígitos.
Pero ahí no queda la cosa. El upepista pidió el 21 de junio del 2007 a la gerenta de Tesorería del Congreso, Lucía Bravo Roncal, el reembolso de S/.4 mil 574 por la compra de pasajes (ida y vuelta) a Italia, país que visitó entre el 7 y 10 de mayo del año pasado junto a otros cinco parlamentarios de su bancada. Lo vergonzoso es que este viaje le salió gratis, pues fue financiado por la Liga Parlamentaria de la Amistad Perú Parlamento Europeo.
EL ACCIDENTADO CAMINO DE BRAVO RONCAL
En junio de 2012, Bravo Roncal estuvo implicada en una serie de denuncias por presuntas irregularidades y malos manejos mientras se desempeñaba como Jefa del Departamento de Tesorería y contabilidad.
Según el acuerdo 361-2011-2012 de la Mesa Directiva del Congreso, presidida en ese entonces por Daniel Abugattás, se dio pase al pedido del director general de Administración para remover de dicho puesto a María Lucía Bravo.
En dicho acuerdo de la sesión del 26 de junio de 2012, se dio lectura del Informe 003-2012 de la Dirección General de Administración donde se cuestionaba a Bravo Roncal por falta de control, supervisión y diligencia en la elaboración de Estados Financieros del Congreso, falta de liderazgo reflejado en el deficiente control sobre el persona a su cargo, y la permanencia en dicho cargo desde el año 1992 (año interesante para el fujimorismo) pese a diversos cuestionamientos.
Asimismo en dicho documento se da lectura del Oficio 807-2012 de la dirección de administración donde el 14 de junio de 2012 se propone dar por concluida las funciones de Bravo en «el cargo de confianza del Jefe de Departamento de Tesorería y Contabilidad». Ahí se proponía encargar el puesto a EliseoGuevara Corrales.
Sobre ambos documentos y los descargos de Roncal ante un informe presentado en televisión donde se mostraban diversas irregularidades, se tomó conocimiento.
Posteriormente Bravo Roncal fue relegada de su puesto. La remoción fue tomada por la oposición como una medida de Abugattás para copar los puestos del congreso con personas del nacionalismo.
En noviembre de 2012, una luz se abrió en el túnel por el que transitaba María Bravo. Según el acta de la sesión 20 de la Mesa Directiva presidida en ese entonces por el nacionalista Víctor Isla, se concretó el acuerdo 148 en el cual se dio pase al pedido del tercer vicepresidente del congreso, el solidario José Luna Gálvez para «resolver» el caso de la servidora Bravo Roncal.
Luna Gálvez presentó un pedido para revisar el Memorándum 161 del 9 de noviembre de 2012, mediante el cual se solicita que a partir del Informe de la dirección de administración del 01 de septiembre de 2012, se tome una decisión respecto al caso de la señora Lucía Bravo Roncal.
Luna hizo conocer a la Mesa el Informe 260 del departamento de recursos humanos donde se concluye que se debe absolver a diversos funcionarios entre ellos la señora Lucía Bravo Roncal por las imputaciones «planteadas en las observaciones de la Auditoría Financiera y Presupuestal del Ejercicio 2010, con lo cual queda evidenciado que no cometieron faltas administrativas sobre dichos hechos».
Esta absolución le abrió el camino a Bravo Roncal, para seguir en el Congreso. Según el acuerdo 005-2015 de la Mesa Directiva presidida por Luis Iberico, Bravo asumió el cargo de confianza de Jefa del Departamento de Finanzas, con nivel remunerativo SP-12.
Por lo menos ese fue su cargo hasta estas fechas, en las cuales ya está dentro del cargo de Directora de Administración. Ya hay documentos internos de los despachos congresales saliendo a su nombre.
Sin duda alguna una funcionaria con suerte y con el respaldo de la mayoría fujimorista. Y que resulta curioso cuando el año pasado almomento de aprobarse el estatuto, el fujimorismo presentó un dictamen en minoría donde en vez de priorizar la designación directa, planteaba el concurso público meritocrático, tal como señala esta nota de prensa del congreso.
«La congresista Martha Chávez (CP) se encargó de sustentar el dictamen en minoría, con la propuesta de que en todos los casos, es decir ingreso al servicio parlamentario y habilitación de plazas vacantes, se realice un concurso público de méritos a cargo de una universidad de prestigio, propuesta que fue aceptada por el titular de la comisión dictaminadora e incorporada en el texto sustitutorio aprobado.»
Recordando la época electoral, «Como has cambiado, pelona».
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