Los decretos legislativos 1015 y 1073 facilitaban la venta de terrenos comunales y nativas, por lo que los indígenas de la Amazonía emprendieron una contundente paralización a partir del 9 de agosto, al considerar que atentaban contra sus derechos ancestrales sobre la propiedad de las tierras. En protestas, unas 65 etnias amazónicas bloquearon varias vías y tomaron estaciones petroleras, eléctricas y gasoductos.
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