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Nuevas políticas del Banco Mundial afectaría que el proceso de Consulta previa se realice de manera efectiva, ya que no se contará con información completa y detallada acerca de los proyectos
Nuevas políticas del Banco Mundial podrían hacer que el proceso de Consulta previa se realice de manera efectiva, ya que no se contará con información completa y detallada acerca de los proyectos (Foto: La República)

Por Javier Contreras Martínez
@javier_contmar

Según su misión, el Banco Mundial (BM) existe para «acabar con la pobreza extrema y promover la prosperidad compartida» y esto lo hace financiando la construcción de obras de infraestructura en países en vías de desarrollo a través de fondos (salvaguardas). Hasta hace poco para que un país acceda a estas salvaguardas debía cumplir una estricta lista de evaluaciones de impacto ambientales, laborales y sociales, las mismas que, ahora, el propio BM sin una justificación rotunda, pretende flexibilizar.

Pero ¿Cuál es el inconveniente con esta nueva política de la entidad bancaria mundial?, en sí no habría ningún problema si los países en desarrollo tuvieran una institucionalidad ambiental sólida, pero es precisamente esto de lo que más carecen por lo que, en buena cuenta, lo que esta relajación en los requerimientos para financiar proyectos terminará por afectar el orden natural de las comunidades más pobres de estos países, entre lo que, por supuesto, se encuentra el Perú.

Según informa la ONG Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), esta nueva política, establece que en materia ambiental las evaluaciones de impacto ambiental (EIA) de los proyectos que vayan a ser financiados por el BM deben iniciarse sin establecer un tiempo preciso de acción, lo cual pone en riesgo los procesos de consulta previa, ya que estos no podrán desarrollarse de manera efectiva sin que se cuente con información concreta del proyecto.

Un pronunciamiento de un grupo de organizaciones e instituciones cusqueñas refuerza esta idea «En el marco vigente, un requisito indispensable antes de la aprobación de un proyecto es la evaluación de sus impactos y riesgos ambientales, pero ahora se consigna que estos deben iniciarse «lo más pronto posible» sin especificar su carácter previo», señala.

Otro vacío que se encuentra al explorar estas nuevas políticas es la falta de lenguaje vinculante respecto a los estándares internacionales de derechos humanos, lo que en buenas cuentas, permitirá que los gobiernos reciban préstamos del banco puedan optar por el cumplimiento (o no) de las políticas de pueblos indígenas para proteger sus derechos, de nuevo, esto no sería un problema si los gobiernos de nuestros países fueran escrupulosos en el respeto a los indígenas (pero sabemos que cada vez que pueden se olvidan de ellos, de sus derechos y abusan, sino que lo diga Alan García y los habitantes de Bagua).

Ante esto las entidades cusqueñas señalan que la «cláusula de exclusión» que plantea el BM va en contra del reconocimiento internacional de los derechos específicos y fundamentales de los pueblos indígenas sobre sus territorios, tierras y recursos, por lo que exhortaron a esta entidad a quitar esta cláusula y mantener la que tenía vigente.

Finalmente, otra carencia de esta nueva política que (salvo un cambio inesperado) empezará a aplicar el BM es lo referente a la protección a los trabajadores ya que reduce la protección a los trabajadores que sean contratados por el mismo proyecto, cuando en nuestros países es muy sabido, que existen los tercerizados, services y demás.

DAR califica estas políticas como «débiles» afirmando que no protege los derechos laborales fundamentales e integrales a lo largo de la cadena de trabajo que involucra la ejecución de un proyecto y exhorta al BM a cumplir los convenios de la OIT con referencia a condiciones de trabajo, trabajo infantil, salarios no pagados y la negación derecho de asociación y libertad sindical.

Ahora que hemos explicado lo que contiene este nuevo marco regulatorio, brota por si sola la pregunta ¿Y cómo vamos a observar que se apliquen estas políticas?

La cuestión es sencilla, se podrá construir edificios en zonas que quizás tengas restos arqueológicos (porque los estudios de impacto social y cultural se harán luego, no sabemos cuándo), se podrá realizar actividades extractivas sin consultarle a la población (que no estará bien informada de los alcances de la labor), o se financiará proyectos de infraestructura donde todos los trabajadores no cuenten con los derechos laborales elementales.

Pero valgan verdades, este no es un hecho aislado, así como están las cosas esta iniciativa del BM refuerza las tendencias nacionales, como por ejemplo el último decreto supremo 001-2015-EM que desconoce los derechos de la propiedad comunal, entre otras joyitas del gobierno humalista.

Ojalá y el BM reaccione a tiempo y se dé cuenta que con esta norma está trayendo abajo lo poco que se ha hecho, ojalá.

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