Lima, Perú (CNR).- El secretario ejecutivo de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), Ronald Gamarra, saludó la función de la Fiscalía Suprema de Control Interno al establecer irregularidades en las investigaciones acerca de la existencia de un «escuadrón de la muerte» en Trujillo (La Libertad).
A través de “Diálogo Directo”, Gamarra dijo que sí cree que “exista o existió” un escuadrón de la muerte “que operó con la autorización de la policía de Trujillo”, y sostuvo que las pesquisas realizadas por el Ministerio Público de la ciudad norteña presentan una serie de anomalías.
Aquí el informe de la Fiscalía Suprema de Control Interno del Ministerio Público, presidida por Avelino Guillén.
“Se encontraron diversas deficiencias, falta de investigación, la realización de un conjunto de diligencias innecesarias, la falta de entrevistas. No se hicieron autopsias o necropsias. Una serie de irregularidades”, refirió.
En tal sentido, aseguró que no se pide la distorsión de la investigación, sino que se exige que los fiscales trabajen de una manera más objetiva.
Agregó que entiende los problemas de inseguridad que hay en Trujillo y que la Policía Nacional debe hacer lo posible por detener la violencia; y que si los efectivos son atacados a balazos tienen que hacer uso de armas. Empero, señaló que el ser parte de la institución no autoriza el uso irresponsable de las armas.
De igual manera, criticó que exista una relación entre la fiscalía de Trujillo y la policía de esa ciudad, la cual se reflejaría en el afán -por parte del Ministerio Público de Trujillo- por encubrir supuestas irregularidades en los actos de la policía.
Aseguró que la totalidad de fiscales que participaron en actos irregulares están plenamente identificados, pues todos firmaron resoluciones de archivo. «Evidentemente es de dominio público. No se trata solo de responsabilidad funcional o administrativa, aquí ha habido un delito y esto tiene que ser expuesto a una serie de investigaciones”, puntualizó.
En una visita extraordinaria a la Oficina Desconcentrada de Control Interno de La Libertad y Santa, la fiscal superior María Jesús Benavides Díaz informó al fiscal supremo Avelino Guillén que el archivamiento de 16 casos referidos a las muertes de posibles delincuentes a mano de un grupo de policías en Trujillo fue irregular, y determinó la reactivación de los mismos.
El informe, que a su vez Avelino Guillén elevó a la fiscal de la Nación, Gladys Echaíz Ramos, advierte ausencia de pericias físicas como la que determina la distancia y trayectoria del proyectil que quitó la vida a estos hombres.
A la fecha, se ha contabilizado la muerte de 47 delincuentes en enfrentamientos policiales. Este alto número de muertes generó denuncias sobre un posible asesinato sistemático de gentes de mal vivir. Las acusaciones fueron para el coronel Elidio Espinoza, entonces jefe del Escuadrón de Emergencia Este. Hoy, dicho oficial tiene a su cargo la DIVINCRI Norte.
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