
Por Javier Contreras/ @javiperiodismo
Desde que se supo que la economía peruana ha ingresado en un proceso de desaceleración y que este año el crecimiento del PBI no superará el 3%, desde el Ejecutivo se han lanzado «paquetes de reactivación económica» con el fin de dinamizar la economía nacional e impedir que esta siga cayendo, estos paquetes (que a la fecha son 5) se han centrado en reducir las trabas a las empresas bajo la lógica que así incrementarían sus inversiones y además, se han emitido normas para los trabajadores (como los S/.300 para los estatales), pero ahora, está por publicarse la resolución que fija un nuevo régimen para los trabajadores entre 18 y 24 años, por el que para «favorecer» su inclusión en el mercado se les quita a los empleadores algunos deberes, perjudicando a esta masa laboral, eliminando sus beneficios sociales.
¿Cuál es el argumento?
“Estamos creando un mecanismo voluntario para los jóvenes que quieran. De tal manera, los formalizarlos y no permitimos que por su falta de experiencia y la necesidad de trabajar sea aprovechada por algunos empresarios que los sobreexploten”, en palabras del propio Ollanta Humala, quien agrega que prefiere un joven que haga sus prácticas así, a uno que no consigue trabajo porque nadie le quiere pagar una serie de cosas que la ley establece.
En un escueto comunicado de prensa, el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Fredy Otárola, contra lo que se esperaba, respaldó la norma: “Estamos promoviendo que los empresarios apuesten en la capacitación de los jóvenes, en darles experiencia. Antes el régimen de prácticas no contemplaba ningún beneficio”.
Pero lo cierto es que el Régimen Laboral Juvenil elimina y recorta derechos y beneficios laborales como la CTS, gratificaciones, utilidades, asignación familiar, tasa nocturna, etc. de este importante y creciente segmento de nuestra juventud, incluso las vacaciones se recortan a solo quince días.
«Aparte del carácter temporal de los contratos de trabajo se dice que este nuevo régimen laboral especial tendrá una vigencia de cinco años, cuando bien sabemos que en materia de regímenes laborales lo temporal se convierte en permanente, allí tenemos los lamentables casos del régimen laboral de las MYPES y el régimen laboral de exportación con 35 años de vigencia”.
La indignación de estas palabras son de César Soberón Estela, dirigente de la CGTP JOVEN, sector de la Confederación General de Trabajadores del Perú que vela por el cumplimiento de los derechos laborales de los jóvenes en el Perú, quién se refirió a la aprobación de la reciente ley que según los congresistas que lo movilizaron en el parlamento, promueve el ingreso al sector formal del empleo de los miles de jóvenes peruanos entre 18 y 24 años, pero que a todas luces deja sin beneficios laborales a este grupo poblacional.
Lea aquí: Texto completo de la norma del Régimen Laboral Juvenil publicada en El Peruano
Por su parte, Amed Albujar, dirigente del sindicato de la empresa textil Topy Top, enfatizó que “un plan económico verdaderamente reactivador pasa por ampliar nuestro mercado interno incrementando la capacidad adquisitiva de los trabajadores vía el aumento de los sueldos, salarios, pensiones y mayor inversión pública; definitivamente, el anunciado régimen laboral juvenil precarizará el empleo de decenas de miles de jóvenes, por ello esperamos que el Pleno del Congreso archive este Dictamen anti laboral”.
Aunque, claro, siempre hay quienes saltan a defender lo indefendible, tal es el caso del economista Diego Macera que en su columna publicada en el diario El Comercio califica como positiva esta ley. A la letra señala:
«El gobierno ha enviado al Congreso un proyecto de ley que busca facilitar la contratación de jóvenes a través de una disminución de casi 25% en los costos laborales totales con respecto al régimen general del trabajo, mayor flexibilidad contractual y crédito tributario para las empresas que usen la nueva modalidad de contrato. El gobierno estima que, en los próximos cinco años, 263 mil jóvenes entrarían a la formalidad gracias a esta iniciativa, lo que representa más del 20% del número de desempleados juveniles. Si bien existen aún aspectos por mejorar y aclarar, el proyecto es positivo y cumple con promover la contratación de un grupo que se encuentra en especial desventaja»
En su artículo, Macera responde a quienes consideran que la norma recorta los beneficios laborales de los jóvenes y que, por tanto, los discrimina. «…Lo cierto, sin embargo, es que solo el 10% de jóvenes accede a los beneficios del régimen general deltrabajo. La mayoría está hoy desempleada o trabaja sin acceso a un seguro de salud, vacaciones, CTS ni condiciones mínimas de seguridad. Es hora de empezar a legislar para las mayorías y dejar atrás los cantos de sirena que tanto daño hicieron en el pasado»
Otro de los que han salido de defender la tan mentada norma es el ex candidato presidencial, ex Ministro de Energía y Minas, ex Ministro de Economía, virtual candidato a las elecciones presidenciales del 2016, PPK, quien mediante un tuit incluso expresó que deberían ampliar esta ley hasta los 30 años.

Y aunque luego, colgando un video en youtube quiso retractarse, su posición está clara, cosa contradictoria si recordamos que hace tan solo 5 años fueron los jóvenes de este mismo rango etáreo quienes apoyaron su candidatura y le dieron el 18% que al final alcanzó.
DISCRIMINATORIA E INCONSTITUCIONAL
El abogado Gilmer Alarcón, hace una sentida reflexión al respecto, él como especialista en derechos humanos considera que esta norma afecta sobre todo a los jóvenes con menos oportunidades en la vida a quienes el Estado por deber constitucional debe asegurar un trabajo digno, cosq que no se vería cumplida con la aplicación de esta ley.
¿Qué visión tiene de esta ley?
Que han querido imitar lo que hizo Europa en su tiempo de crisis, reduciendo los derechos laborales, pero hay que ver que los índices europeos durante la crisis arrojaban pérdidas enormes, Perú aun no alcanza tales números y por lo que sabemos no los alcanzará, sus materias primas y sus exportaciones lo aseguran.
¿Se viola el derecho al trabajo?
Sí, es una norma inoportuna, no encuentro un argumento sólido que la respalde, por el contrario veo muchos vacíos y en un país como el Perú en el que las empresas buscan intersticios para cometer abusos y explotaciones, el Estado está firmando un cheque en blanco para que esto sea así. El Estado de derecho en el que los trabajadores son la pieza fundamental porque son los que proporcionan el movimiento económico está en peligro.
Entonces estamos hablando de una ley inconstitucional…
El parlamento tiene el derecho de legislar y para promulgar este tipo de normas discriminatorias se debe ser muy cuidadoso, en este caso pienso que no hay una razón suficiente y por eso están afectando las bases constitucionales del trabajo.
Y que además afecta la democracia.
Así es, no se puede entender que en un sistema que se fundamenta en el gobierno participativo ahora desconozca a quienes en su carta magna nombra sus piezas fundamentales.
HABLAN LOS AFECTADOS
Como ya es habitual en estos casos, las redes sociales se inundaron de reacciones y descontentos de los reales afectados, que manifestaron en los 140 caracteres del twitter su rechazo a esta norma, aquí algunos que rescatamos.
Desde Spacio Libre creemos que nada garantiza que los jóvenes tendrán asegurada la prórroga de sus contratos luego de los 3 años, vale decir, que en cuanto termine su período como trabajador dentro de este régimen, bien podrían ser despedidos para contratar a otros jóvenes que les permitan a las empresas ahorrarse los derechos que debieran otorgar a sus trabajadores.
Coincidimos que la idea detrás de un proyecto de ley como este es la misma que subyace a las iniciativas que desde el Ejecutivo, con el objetivo de reactivar la economía, recortan derechos. A fin de cuentas, se trata nuevamente de la ideología del “cholo barato” y del abuso legalizado. Siendo el empleo una pieza clave en la dinamización de la economía, pero también del bienestar de los ciudadanos, no se puede permitir que el recorte de derechos sea una práctica cotidiana, ni mucho menos avalada por los representantes políticos.
Darle luz verde a este proyecto sólo evidencia que los trabajadores siguen a la cola de las prioridades gubernamentales. Vale decir, que los trabajadores paguen los platos rotos y que los empleadores, sigan tranquilos con un modelo de crecimiento que, eventualmente, sólo los beneficia a ellos.
Se ha anunciado para este jueves una marcha en protesta contra esta ley, ojalá que en esta oportunidad el movimiento de respuesta tenga la duración necesaria para derrotar la medida y avanzar a un verdadero programa de promoción del empleo juvenil.
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