Lima, Perú (Spacio Libre).- Informar sobre los sucesos ocurridos en Bagua y las protestas en otras zonas de la Amazonìa peruana, podrìan valerle a Geovanni Acate, director de Radio Yurimaguas una pena de al menos 10 años de prisiòn por la comisiòn del supuesto delito «contra los MEDIOS DE TRANSPORTE, COMUNICACIÓN Y OTROS SERVICIOS PUBLICOS en la modalidad de ATENTADOS CONTRA LOS MEDIOS DE TRANSPORTE COLECTIVO O DE COMUNICACIÓN y ENTORPECIMIENTO AL FUNCIONAMIENTO DE SERVICIOS PUBLICOS, en agravio de la POBLACION YURIMAGUINA y ESTADO PERUANO”.
Y es que el Primer Juzgado Mixto de Alto Amazonas informó que el 26 de octubre emitirá la sentencia tanto a Acate Coronel como a varios dirigentes denunciados por las protestas indígenas del 2009 entre los que figuran el dirigente Bladimiro Tapayauri; la ex presidenta del Frente de Defensa de Alto Amazonas – FREDESAA, Adilia Tapullima y el párroco de Barranquita, Mario Bartolini.
Yolanda Mazuelos Tanchiva, actual titular del FREDESAA, informó que su organización prepara un enérgico pronunciamiento. «Nuestros dirigentes no son narcotraficantes, no son abusadores de tierras. Todo lo contrario: ellos defienden la necesidad de la población», acotó.
En el caso del padre Bartolini, la sentencia sería de 12 años y la expulsión del país por velar por los derechos de los indígenas y medio ambiente, luego del conflicto en Bagua en junio del año pasado.
Bartolini Palombi, de origen Italiano, según recuerda la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, lleva más de 35 años recorriendo nuestra Amazonia acompañando a los nativos y campesinos rivereños. Incluso en los ochentas, el religioso se enfrentó al terrorismo del MRTA, resistiendo a sus amenazas.
Así mismo, durante los sucesos de Bagua y la huelga amazónica del 2009, el párroco del distrito de Barranquita (San Martín) fue convocado por los propios nativos para garantizar la paz y la tranquilidad en la zona del Yurimaguas.
Durante una homilía celebrada en memoria de los fallecidos, Mario Bartolini fue enfático en señalar que “ser creyentes no significa aceptar la acción criminal de las autoridades que hoy nos gobiernan, les tenemos que decir asesinos a quienes matan por el dinero”, lo que provocó que parlamentarios del APRA lo denunciaran por el delito de instigación a la rebelión, y se le abriera un proceso judicial.
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