Lima, Perú (Spacio Libre).- El Decreto Legislativo 1097 viene con truco. Y es que esta norma aprobada por el gobierno de Alan García, que pondría en libertad a los violadores de derechos humanos en nuestro país, está basada en una norma suscrita en el año 2003 por el Congreso de la República, donde el Estado Peruano se adhiere a la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y Delitos de Lesa Humanidad.

En una reunión con periodistas, los abogados de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, recordaron que en el año 2003, el congreso presidido por Carlos Ferrero Costa aprobó una Resolución Legislativa, la 27998 donde se establece la adhesión del Estado Peruano a dicho convenio, con un sólo artículo que a la letra dice:

De conformidad con el artículo 103 de su Constitución Política, el Estado Peruano se adhiere a la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y los Crímenes de Lesa Humanidad, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 26 de noviembre de 1968, para los crímenes que consagra la Convención, cometidos con posterioridad, a su entrada en vigor para el Perú

Y aquí es donde viene el contrabando, porque aparentemente no hubo reacción cuando se dio esta Resolución en el gobierno de Alejandro Toledo, que ahora es usada por Rafael Rey para defender su DL 1097 del cual se ha confesado máximo autor, señalando que el Estado Peruano reconoce que los delitos de lesa humanidad son considerados bajo esa premisa a partir del año 2003, con lo cual se borra de un plumazo todo lo acontecido en las décadas de 1980 al 2000.