Diez meses después del asesinato del líder ashaninka Edwin Chota y dos de sus compañeros, las investigaciones van a paso de tortuga y el Estado ha dejado desamparada a sus familias y a toda la comunidad de Saweto amenazada por narcotraficantes y madereros ilegales.
Por: José Alván Senepo
@JoseAlvanS
El 01 de septiembre del 2014, la matanza de los 4 líderes indígenas de la comunidad nativa Alto Tamaya – Saweto, en la frontera Perú – Brasil, dejó un lamentable precedente en la lucha de los pueblos indígenas por el reconocimiento de sus derechos como legítimos propietarios de sus tierras nativas.
Edwin Chota, Leoncio Quincima, Jorge Ríos y Francisco Pinedo, fueron, para muchos, considerados como los mártires de la territorialidad indígena por el trabajo que hicieron cerca de diez años buscando la titulación de sus tierras, las mismas que hasta ahora siguen sufriendo amenazas por parte de un gran grupo de madereros ilegales y narcotraficantes.
Sí, así como lo lee, después de casi diez meses del asesinato, la comunidad de Saweto aún no recibe garantía alguna y siguen siendo amenazados, no solo por madereros ilegales de quienes se presume que fueron los autores intelectuales del crimen, sino también por parte de narcotraficantes que, como viene sucediendo en varias partes de la selva amazónica de este país, tratan de amedrentar a los indígenas para que dejen sus tierras asustados por las constantes amenazas.
El equipo de Spacio Libre, se comunicó con Raúl Lunasco Cabezas el abogado de las viudas de los cuatro líderes ashánikas, para saber qué fue del caso Saweto, ya que dejó de ser seguido por la prensa, al igual que otros casos que van quedando en segundo plano. Lunasco nos dio más detalles del caso y habló en representación de las mujeres denunciantes y la comunidad que todavía sigue vulnerable.
PROCESO FISCAL DEMASIADO LARGO
A finales de marzo, el caso pasó de la Tercera Fiscalía Provincial Penal de Coronel Portillo a la Fiscalía de Crimen Organizado. Las investigaciones ya se habían avanzado considerablemente. Supuestamente, con este cambio que no fue notificado – como debería – al abogado de la parte denunciante se buscaba que las investigaciones sean más especializadas y se trabajara con mayor rapidez.
Raúl Lunasco explica que las investigaciones pueden durar de 18 a 36 meses como está estipulado legalmente, pero que es una disposición del Ministerio Público – que representa al Estado – poder disminuir el tiempo y resolver el caso con mayor efectividad. Pero parece que, pese a haber denuncias de amenazas al abogado y familiares de las víctimas, no significa aliciente alguno para actuar de tal forma.
“Las cartas de personas desconocidas, las llamadas y otro tipo de amenazas eran constantes diariamente”, denuncia el abogado “No solo a mí, sino también a las viudas”. Lo que motivó a que se denuncien estos hechos, no solo a las estancias judiciales, sino también a la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), y lo único que se consiguió es que se le brinde un resguardo policial que duró por poco tiempo.
Mientras las viudas de los 4 líderes ashánikas estaban en Pucallpa, gozaban de seguridad y reguardo por parte de efectivos de la Policía Nacional, pero desde mayo que regresaron a Saweto, siguen a la intemperie y con el miedo de que en cualquier momento pueden terminar como Edwin Chota y sus tres compañeros, pues siguen recibiendo amenazas junto a toda la comunidad.
DESPROTECCIÓN DEL ESTADO A LAS COMUNIDADES
No solo ello, trascendió que como Saweto, otras cinco comunidades indígenas de la región Ucayali denunciaron amenazas por parte de gente vinculada con el narcotráfico. Tal es el caso de la comunidad Sinchi Roca, Puerto Nuevo 2, Mariscal Cáceres y Río Imiría. Eso sería cerca de 400 familias que se ven afectadas por la indiferencia de este gobierno que no los toma como verdaderos ciudadanos al negarles sus derechos.
Eder Farfán, exfiscal que llevaba el caso antes de que pase a la Fiscalía de Crimen Organizado, dice – en su condición de ciudadano indignado- que es lamentable que el caso esté paralizado y aún no se haga justicia como debería.
En cuanto a la visita de la ex presidenta del Consejo de Ministros, Ana Jara, a la comunidad de Saweto, Lunasco afirma que todo fue un saludo a la bandera y que actualmente el caso está echado al olvido, tal como la familia de las víctimas y las demás comunidades nativas que luchan constantemente y sin resultados beneficiosos por la legitimidad de sus tierras.
Si bien es cierto, el caso tiene para rato, olvidar o dejar impune la matanza más trágica de la historia de las comunidades indígenas sería como permitir y perpetuar estos actos delictivos que desgarran desde sus orígenes a la diversidad cultural que predomina en nuestro país.
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