Lima, Perú (Spacio Libre/El Comercio-Jorge Saldaña y Rocío La Rosa).- Tras la intensa noche política vivida el martes en el Congreso, el presidente Alan García empezó ayer su día expresando que sería «un gravísimo error histórico» que el Congreso derogara el Decreto Legislativo 1015, que dice que bastará el 50% de votos más uno de los miembros de una comunidad campesina de la sierra y de la selva para decidir sobre posesión de tierras. Minutos después de iniciarse la sesión del Consejo de Ministros en Palacio, García consideró que la derogatoria sería un gesto de falso paternalismo que excluirá y marginará a los grupos campesinos.
El mandatario reiteró que la norma permite que se puedan tomar decisiones como ocurre en cualquier sindicato o institución y ya no con dos tercios como en la Colonia. «Como no podían tomar decisiones con el 66% o más, es que se han mantenido (las comunidades) ajenas al crecimiento y a la tecnificación», anotó.
Por ello fustigó que se consume una derogatoria ante un paro y «por temor a la galería y al desorden perpetrado por quienes buscan votos a como dé lugar».
Como se recuerda, la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos del Congreso aprobó el martes por la noche un dictamen para derogar los decretos 1015 y 1073 (este último precisa que los votantes que definan el destino de las tierras deben tener por lo menos un año de posesionarios de predios).
UNA SOLUCIÓN CONCERTADA
En la misma línea, el primer ministro Jorge del Castillo aseveró que una «derogatoria en seco» de ambos decretos sería un gran retroceso. Propuso, más bien, una solución concertada que pase por una mayor flexibilización de las normas aludidas.
Según Del Castillo, la derogatoria causaría un grave perjuicio a las comunidades de la sierra, que no han protestado y que –en mayor número que las de la selva– están de acuerdo con el alcance promocional de los decretos.
«De lo que se trata finalmente es de proyectar la selva peruana a la modernidad y de crear condiciones reales para inversiones reales», dijo el titular del Consejo de Ministros.
SESIÓN EXTRAORDINARIA
Mientras tanto, tras una segunda reunión, el titular del Congreso, Javier Velásquez, y el presidente de Aidesep, Alberto Pizango, firmaron ayer un acta de entendimiento que dispuso el levantamiento de la medida de fuerza como condición para convocar una sesión extraordinaria del pleno para mañana, a fin de debatir el dictamen aprobado en la víspera. En todo caso, se supo que si el Legislativo se pronunciase por la derogatoria, el Ejecutivo podría observarla.
Otro compromiso fue la formación de una comisión multipartidaria que estudiará soluciones al problema. Precisamente hoy Velásquez se reunirá con los voceros de las diferentes bancadas para determinar a los miembros de ese grupo.
La presidenta del PPC, Lourdes Flores, opinó que aquí ha primado la soberbia y la reacción tardía, por lo que reclamó más acción a la Unidad de Prevención de Conflictos de la PCM.
Comunidades quieren ser consultadas
Este Diario intentó comunicarse ayer con el dirigente de los nativos, Alberto Pizango, para conocer sus propuestas para solucionar la problemática de las comunidades. Esto no fue posible porque se encontraba reunido con miembros de su asociación.
Más temprano, en Radio Programas del Perú, Pizango reconoció que más que el fondo del Decreto Legislativo 1015, lo que ha molestado a la población campesina que representa es que esta norma no haya sido puesta en consulta por el Gobierno, lo cual consideró un atropello letal. «Queremos ser consultados y de muy buena fe para que se conozca nuestra propuesta de desarrollo», manifestó en un tono algo más conciliador.
TC admite demanda de la defensoría
– El 30 de mayo la defensora del Pueblo, Beatriz Merino, presentó una demanda de inconstitucionalidad contra el DL 1015 ante el Tribunal Constitucional.
– Ayer el colegiado admitió a trámite la demanda recaída en el expediente 00014-2008-PI/TC y ordenó correr traslado al Congreso.
– El Parlamento tendrá 30 días para responder. Luego el TC citará a las partes a una audiencia y tendrá un plazo máximo de un mes para resolver la causa.
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