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Foto: AIDESEP

Huarochirí, Perú (Spacio Libre).- La resolución de un delito contra la salud pública del cual es acusado Jaime Enrique Rodríguez Mariátegui Proaño está pendiente. La modalidad fue por contaminación y propagación de aguas o sustancias destinadas al consumo humano y sucedió en la comunidad de Mayoc, ubicada en el distrito de San Mateo de Huanchor, serranía de Lima.

Rodríguez no asistió a la lectura de sentencia que se daría el 29 de noviembre en el Juzgado Mixto de Matucana, por lo cual no se pudo continuar con tal lectura como lo indicó el titular de la sala. Este último también añadió que no se podía proceder a ubicar y trasladar al denunciado, ya que su ausencia podría tener como causa la actual huelga de trabajadores del Poder Judicial, que afecta el desarrollo normal de actividades en los juzgados.

Por su parte, los pobladores afectados en Mayoc recordaron con malestar las constantes postergaciones que ha tenido este proceso durante los once años que vienen luchando por encontrar justicia, acompañados por los abogados de Solsticio Perú – PDDI (Programa de Defensa de los Derechos Indígenas) y la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH).

Ellos consideran que estas inasistencias buscan retrasar la lectura de sentencia, así como dilatar el proceso, todo con la finalidad de que se disponga la extinción del mismo debido al tiempo que tiene sin una resolución definitiva.

En junio de este año, la Cuarta Sala Especializada en lo Penal para Procesados con Reos Libres de Lima declaró nula la sentencia absolutoria a favor de Jaime Enrique Rodríguez Mariátegui Poraño, siendo los cargos en su contra por disponer y permitir el depósito de relaves contaminantes en el sector de San Mateo de Huanchor desde 1998, cuando era gerente general de la empresa Lizandro Proaño S.A., contraviniendo así la legislación ambiental.

Como consta en los informes de la Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA) y las evaluaciones epidérmicas realizadas en los pobladores de Mayoc, el depósito de estos relaves afectó su salud. Además, el preparar la cancha de relaves costó la tala de árboles de la zona, deteriorando el paisaje.

Foto: Internet

En adición a esto, la Cuarta Sala Especializada observó que el Juez Penal de la sentencia no ha considerado adecuadamente pruebas y evidencias que se registran en el expediente, como el informe técnico de la Dirección General de Minería, que demostró el incumplimiento de la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) y la contaminación por plomo, arsénico y mercurio, según el estudio de la DIGESA.

Otro factor es que tampoco se tomó en cuenta el informe del Ministerio de Energía y Minas, que muestra cómo los depósitos de relave se han producido en la cuenca del río Rímac con cargas metálicas contaminantes que afectan el entorno a sólo unos 20 metros de las viviendas.

La resolución de la Sala Especializada dispuso que el expediente del caso sea remitido a otro Juez Penal, para que este emita un nuevo pronunciamiento sobre el extremo anulado.

Por: Jaime Canicoba / @canicoba307

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