Tras aprobarse el 26 de mayo la Ley de Búsqueda de personas desaparecidas, familias como las de Carmen Amaro y Gisela Ortiz consolidan su exhortación a la promulgación – en sus últimos días de función – al Presidente de la República, Ollanta Humala.

Por Tony Tafur
@TonyTafur
A 49 días del intercambio de banda presidencial entre Ollanta Humala y el posible vencedor de este proceso electoral (según los últimos conteos, Pedro Pablo Kuczynski), el llamado de atención frente al desinterés por hallar a los desaparecidos entre los años 1980 al 2000, se propaga deprisa por los espacios virtuales y pretenden – esperemos que sea así – que se convierta en una prioridad para lo que queda del régimen nacionalista y para el próximo gobierno.
A pesar, de contar con un virtual ganador, los punzantes recuerdos se apilan, pues, una de las candidatas del último proceso electoral es la heredera de aquel gobierno capaz de resolver disputas a sangre fría, de controlar enigmas en base al populismo y de armar un país con piezas compradas.
Pero, ¿Qué pasó en el caso de La Cantuta? No hay que tapar el sol para entender que el tiempo ha sido prueba de nuestra indiferencia. Han pasado alrededor de 24 años desde que el violento y criminal ejercicio del Grupo Colina – brazo mercenario del gobierno fujimorista – desapareció los cuerpos de Enrique Ortiz y Armando Amaro, tras ser acusados – junto a otros 7 alumnos y un profesor de la mencionada Universidad – de ser parte de las filas terroristas y de colocar un coche bomba frente a un edificio de l calle Tarata, en el limeño distrito de Miraflores.
Recordemos que, tras una incisiva investigación, el 8 de Julio de 1993, se hallaron los 9 cuerpos incinerados y enterrados en las fosas de Cieneguilla, cerca de la Quebrada de Chavilca. Solo se pudo confirmar la presencia de Amaro Cóndor, tras hallarse en uno de los bolsillos de su pantalón, las llaves de su hogar y, poco después, el 4 de noviembre de 1993 en un descampado de la hoy autopista Ramiro Prialé, se encontraron las prendas de Bertilia Lozano.
Ahora, la bandera la cargan Carmen Amaro y Gisela Ortiz al reclamar, con la nostalgia en sus pupilas, la promulgación de la Ley que exhortaría al equipo forense especializado del Instituto de Medicina Legal del Ministerio Público, a tener las políticas y recursos necesarios para una búsqueda certera de las personas desaparecidas, no solo en el gobierno de Fujimori, sino desde 1980 cuando se inició la barbarie terrorista que devino en un conflicto armado interno.