Desde la última semana de noviembre, el Congreso de la República tiene previsto el debate y posterior votación del proyecto de ley que modifica las normas de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI), la denominada “Ley Anti ONG”.
El dictamen promovido desde la comisión de Relaciones Exteriores y que ha tenido entre sus principales defensores a Alejandro Aguinaga, congresista y exministro de Salud del fujimorismo procesado por el caso de las Esterilizaciones Forzadas, fue aprobado el 5 de junio de 2024 por la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso que era presidido en dicho momento por el mismo Aguinaga.
El proyecto aprobado sin debate previo, busca alterar la ley que regula la cooperación internacional y pretende sancionar a las organizaciones que se manifiesten en contra de las políticas del gobierno.
El dictamen que acumuló los proyectos de ley 6162, 6252, 7140, 7367 y 7354 tiene como fin limitar y controlar las actividades de organizaciones ciudadanas de diversa índole. Entre estas se incluyen medios de comunicación alternativos, gremios, colectivos, ONG, y otras entidades.
Control para reprimir
En junio de este año, tras la aprobación del dictamen en la comisión de Relaciones Exteriores, el medio digital Convoca señalaba lo siguiente respecto al artículo que endurece el control y que busca reprimir a las organizaciones que investiguen, fiscalicen o defiendan violaciones a derechos humanos o luchen contra acciones de corrupción en el Estado:
“Un aspecto complicado en este predictamen se encuentra en la modificación del inciso u del artículo 4 referido a las funciones de la APCI. En la Ley 28925, del año 2006, que modifica la ley de creación de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional, se puede leer en dicho inciso lo siguiente: “Otras que se le encomienden y las que se deriven de su naturaleza.” Sin embargo, la propuesta que recoge el proyecto del congresista de Honor y Democracia (Ex Renovación Popular), José Cueto Aservi, amplía dicho ítem de la siguiente forma:
“u) Denunciar a la entidad receptora ejecutante de recursos de la cooperación técnica internacional pública, privada o mixta, independientemente de su inscripción o no en los registros de la APCI, ante el Ministerio Público, la Policía Nacional del Perú, la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Superintendencia Nacional de Banca, Seguros y Administradora Privada de Pensiones (SBS) y la Contraloría General de la República, para que actúen conforme a sus prerrogativas constitucionales y legales según corresponda, si producto de una denuncia ciudadana o de las investigaciones que lleve a cabo se advierta indicios razonables de la comisión de ilícitos penales o de infracciones administrativas en materia tributaria, respecto al uso de recursos de la cooperación técnica internacional pública o privada”.
La medida genera gran preocupación entre las y los defensores de derechos civiles, quienes ven una amenaza a la libertad de asociación y participación, y los dejan a merced de decisiones arbitrarias y discrecionales.
Para Javier Azpur, presidente de la Asociación Nacional de Centros (ANC), esta medida sugiere que los recursos internacionales carecen de transparencia, lo cual considera falso, ya que estas instituciones son supervisadas por entidades como la Superintendencia de Aduanas y Administración Tributaria (Sunat), la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) y la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (Apci).
Azpur advierte que los cambios propuestos por el Congreso podrían limitar la entrega de recursos de cooperación solidaria a la sociedad civil peruana, afectando las condiciones de vida de amplios sectores de la población.
Un ejemplo de ello es la Coordinadora de Entidades Extranjeras de Cooperación Internacional en el Perú (Coeeci), que ha dejado en claro su disposición a colaborar en la creación de un marco que garantice la transparencia y eficiencia en la cooperación internacional en el país.
La preocupación de Coeeci se centra en los posibles efectos negativos que el dictamen de la Ley APCI podría tener sobre la libertad de asociación y participación, pilares fundamentales para el funcionamiento de las organizaciones de respaldo global.
Hamer Manihuari, representante de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), señaló que el dictamen perjudicará gravemente a las organizaciones indígenas, que dependen de la cooperación para garantizar su seguridad jurídica y elevar sus demandas. Manihuari enfatiza que los pueblos no son ONG, pero la ayuda internacional ha sido crucial para su desarrollo.
Por su parte, Eusebio Vásquez Ayala, presidente de la Asociación Nacional de Productores Ecológicos del Perú (ANPE Perú), subraya la importancia de la colaboración internacional para que los agricultores puedan combatir la inseguridad alimentaria, un desafío crucial para el país. Por tal motivo, Vásquez instó a los congresistas a reflexionar sobre el impacto del dictamen y a no desorganizar a la sociedad civil.
En tanto, Liz Meléndez, representante de Las Lilas, expresó el rechazo de las organizaciones feministas hacia el proyecto, señalando que atenta contra la libertad de asociación de las organizaciones que se han mantenido vigilantes en materia de igualdad, denunciando las desigualdades y la violencia contra las mujeres. “Lamentablemente, los congresistas que impulsan la aprobación de este dictamen buscan perseguir, hostigar y amedrentar a las organizaciones que, con transparencia y compromiso, promovemos la democracia y los derechos humanos en nuestro país”, indicó.
Finalmente, el secretario general adjunto de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), Gustavo Minaya, manifestó su rechazo total al dictamen, argumentando que afecta a las organizaciones que defienden los derechos de los trabajadores y los derechos humanos. Minaya exhorta al Congreso a priorizar los temas urgentes del país, como el hambre y la inseguridad ciudadana, en lugar de perseguir a organizaciones que realizan una labor valiosa.
Presentarán acciones legales
Carlos Rivera, abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL), advirtió que si la norma es aprobada, se iniciarán procesos legales en los fueros internos del Perú, ya que considera que la norma es inconstitucional. Rivera señala que las organizaciones apoyadas por ayuda internacional son auditadas por diversas agencias, lo que garantiza su transparencia y lo que busca el Congreso es hostigar a la APCI y perseguir y reprimir a las ONG, creando una «lista negra» de organizaciones que denuncian abusos del Estado.
“Toma tiempo, pero ese es el camino que corresponde, más allá del proceso de movilización y protesta ciudadana. Lo que en realidad se quiere es una lista negra de organizaciones sociales y ONG que denuncian abusos del Estado”, aseguró.
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