Hace unos días el sector minero estuvo en la agenda, no solo por la censura al entonces ministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho, sino también por la aprobación en el Pleno del Congreso de la ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), un listado que reúne a más de 87 mil operadores mineros que buscan formalizar sus actividades. La ampliación, sin embargo ha significado un premio para los mineros artesanales e informales que hasta la fecha no cumplen con los requisitos para entrar en el sistema oficial.
A la fecha, de los más de 87,000 operadores mineros inscritos en el Reinfo, existen más de 70 mil que se encuentran suspendidos y otros 15 mil están en proceso de formalización según advirtió el Grupo de Trabajo Minería Artesanal y de Pequeña Escala (MAPE) de la Red Muqui, que presentó la Agenda sobre Minería Artesanal y de Pequeña Escala.
Este documento de trabajo reconoce que la formalización minera es un problema complejo por lo cual -consideran- no se busca generalizar ni estigmatizar a los actores locales involucrados sino proponer políticas públicas orientadas a enfrentar los retos de este sector y fomentar alternativas sostenibles.
Propuestas integrales
El documento de trabajo plantea la implementación de un ordenamiento territorial con enfoque ecosistémico y de cuenca, priorizando la protección de cabeceras de cuenca y ecosistemas frágiles, a través de un proceso participativo, descentralizado y vinculante que respeta los derechos.
Para Jaime Borda, secretario ejecutivo de la Red Muqui, este documento representa un punto de inicio para un diálogo más amplio y participativo.
“Este documento debe ser el punto de partida para un debate profundo y constructivo. No pretende ser una receta final, sino un marco para discutir la revisión y modificación del sistema legal, adaptándolo a la realidad de la minería artesanal”, precisó.
La agenda propone una nueva política de concesiones mineras que revise el sistema actual para garantizar el derecho a la consulta y salvar zonas sensibles, permitiendo también un adecuado aprovechamiento de los recursos. Esto va de la mano con el fortalecimiento institucional, de los Gobiernos Regionales y de instituciones como el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) para un control más efectivo y la sanción de actividades ilegales.
El uso de tecnologías limpias y prácticas sostenibles en la minería formalizada, también es una propuesta incluida en el documento reduciendo el uso de sustancias tóxicas como el mercurio y el cianuro, y priorizando la remediación de microcuencas contaminadas. Asimismo, erradicar el trabajo infantil, la trata de personas y asegurar condiciones laborales dignas para los trabajadores mineros.
Ampliación del Reinfo
Sobre la reciente ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) por parte del Congreso, Nury Garcia de la Red Muqui, enfatizó que la solución de la informalidad e ilegalidad de la minería artesanal y de pequeña escala no pasa por seguir ampliando el REINFO.
“En su lugar se debe fortalecer a las instancias competentes para llevar a cabo un adecuado proceso por la vía ordinaria de formalización minera. Esto con la urgente necesidad de reformular el régimen de concesiones mineras, de un ordenamiento integral y comunitario que incluya la consulta a los pueblos indígenas u originarios, la intangibilidad de las Áreas Naturales Protegidas y Reservas Indígenas”, sostuvo.
Por su parte Javier Jahncke, de la Comisión Episcopal de Acción Social (CEAS), lamentó que el país se encuentre inmerso en una cultura de ilegalidad que va desde el Ejecutivo, Legislativo y actividades económicas ilegales que han ganado terreno en los últimos años como la minería, tala ilegal, narcotráfico, entre otros.
El especialista citó un estudio del Instituto Peruano de Economía (IPE) en la que se destacó que las economías ilegales han ganado cada vez más espacio en el país y se estima que para este año muevan en conjunto US $12,645 millones, siendo la principal la minería ilegal de oro, que movería US $$6,840 millones.
Pese al creciente problema, lamentó y cuestionó que el Estado apenas invierta S/0.49 centavos por cada S/100 para combatir la minería ilegal.
Finalmente, Carlos Alberto Castro, de Propuesta Ciudadana, dijo que es importante tomar en cuenta la institucionalidad local al momento de plantear soluciones a la MAPE.
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