Por: Redacción Spacio Libre / @spaciolibre
Tras el asesinato de los dirigentes ashaninkas Edwin Chota Valera, Leoncio Quincima Meléndez, Jorge Ríos Pérez y Francisco Pinedo, perpetrado al parecer por los madereros ilegales, la gobernación del distrito de Manantay, ubicada en la provincia de Coronel Portillo en Ucayali, otorgó las garantías personales a los dirigentes de la Asociación de Comunidades Ashaninkas de Masisea y Callería – Aconamac.
Según informa la organización Solsticio Perú, esta medida «también alcanza a los familiares de los líderes comunales de Masisea, asesinados el pasado 1 de setiembre, cuando se dirigían a la comunidad de Apiutxa, para denunciar las mafias de narcotraficantes y madereros ilegales que amenazan a las comunidades de la zona.» Esta notificación ha sido remitida a las autoridades de la Policía Nacional para que tome las acciones necesarias.
Este hecho sin duda alguna ha generado repudio, no en el país, sino paradójicamente en el extranjero. Diversas agencias noticiosas fueron las primeras en dar a conocer esta información y a reprochar el crimen que, según los indicios, habría sido ejecutado por sicarios vinculados a los madereros ilegales que desde hace años son enfrentados por las comunidades ashaninkas que intentan proteger sus territorios y sus bosques. A esto se suma, la amenaza de los narcotraficantes que utilizan estas zonas como ruta del tráfico de drogas.
Al respecto, tras el crimen, han habido diversas reacciones rechazando este hecho. Incluso el presidente de la República, Ollanta Humala anunció que se tomarán todas las medidas del caso para investigar este tema y encontrar a los responsables de este asesinato. Parece desconocer el presidente que los dirigentes ashaninkas vinieron a Lima hace meses a denunciar lo que hoy ha causado sus muertes.
Desde las organizaciones, la Defensoría del Pueblo y la Asociación Pro Derechos Humanos APRODEH, han expresado su posición al respecto. En el caso de la Defensoría, mediante un comunicado ha expresado «su enérgica condena frente a estos hechos y hace llegar sus más sentidas condolencias a las familias de las víctimas, así como su solidaridad con la Comunidad Nativa de Alto Tamaya Saweto (Ucayali) y con el Pueblo Indígena Ashaninka.»
La Defensoría también recuerda la existencia de una «extrema debilidad estatal en la zona, así como la situación de vulnerabilidad en la cual se encuentran». Recuerda también este organismo que el fallecido dirigente Edwin Chota, viajó a Lima junto a otros dirigentes en junio de este año, para reiterar los pedidos de apoyo de las instituciones del Estado y denunciar la existencia de grupos de madereros ilegales y narcotraficantes que amenazaban constantemente la vida de estas comunidades.
«Frente a ello, la Defensoría del Pueblo convocó el pasado 6 de junio a una reunión en su sede entre dichos dirigentes y los representantes de la Presidencia del Consejo de Ministros, y de los Ministerios de Cultura, Relaciones Exteriores, Agricultura y Riego, Defensa, Desarrollo e Inclusión Social y Ambiente, así como con el Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre (OSINFOR), la Policía Nacional del Perú y el Ministerio Público. El objetivo de la cita fue coordinar la atención de las demandas de la dirigencia indígena», señala el comunicado.
Asimismo se informa que en esta reunión se asumieron «compromisos orientados a atender sus preocupaciones por la titulación de sus tierras, la superposición con el Bosque de Producción Permanente de Ucayali, la falta de servicios públicos básicos, así como la tala ilegal de madera dentro de sus territorios comunales, entre otros». Hubo, como siempre sucede, diversos compromisos que incluían una visita a la zona para atender las demandas. Hasta la fecha solo la OSINFOR viajó al lugar.
Por su parte, APRODEH exigió también al Estado peruano que se realice de manera pronta y efectiva la investigación y sanción a los responsables de este crimen. Además de reiterar la información sobre la llegada a Lima de los ahora fallecidos dirigentes, le exigen al Gobierno a cumplir con las obligaciones estipuladas en el Convenio 169 de la OIT para «que los pueblos indígenas gocen plenamente de los derechos humanos y libertades fundamentales, evitando la impunidad de esta tragedia».
Sin duda es un hecho que no debe quedar aislado ni en la impunidad pues tras el asesinato de los cuatro líderes, según informa el diario La República, las familias de Saweto han preferido abandonar la comunidad por miedo a ser exterminados. Este hecho sin duda muestra una vez más que las poblaciones amazónicas están cada vez más lejos de Lima y de la mirada nacional, sin medidas que los protejan, como si no fueran peruanos como nosotros.
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