Por: Brenda Álvarez
Hablar del reconocimiento de la ciudadanía de las mujeres y con ellos sus derechos, no es hablar de un tema de larga trayectoria. Quizá bastará preguntar a nuestras abuelas sobre su experiencia cuando reconocieron su derecho a votar, o revisar un libro de historia y preguntarnos por las mujeres. Quizá nos encontremos con ausencias o con cuentos mal contados, derechos no reconocidos y anonimatos.
Sin ir muy lejos, quizá debemos simplemente mirarnos, examinar nuestras vidas, reflexionar sobre el nivel de goce de la libertad vivida, nuestras decisiones; examinar con mayor solidaridad las historias de nuestras congéneres coetáneas y encontrar -que seguro no será muy difícil- , aquellos aspectos que compartimos, que se contrastan con nuestra diversidad, pero que sin embargo se entrecruzan y nos contienen. Esa similitud que puede ser dolorosa y castrante: la desigualdad y el menosprecio.
Esa desigualdad que se afirma en la violencia estructural, expresada en el hecho de que las mujeres tengamos menos horas de juego y estudio que los hombres, en la violencia doméstica, el acoso callejero, las violaciones sexuales, el ser consideradas propiedad “de” en una relación de pareja, el acceder a menores remuneraciones, en la penalización del aborto cuyo fin castigador, más allá de la sanción penal, es la maternidad como un destino del que no podemos escapar. Resumiendo, violencia hacia nuestros cuerpos.
La imposición de la maternidad a través de la ley penal clarifica la intención de ordenar, normar y estructurar el comportamiento de las mujeres en base a dogmas construidos en nombre de Dios cuyo fin es evitar el libertinaje y mantener a salvo el monopolio del derecho a la vida; y con ello perpetuar la discriminación hacia las mujeres. Y me refiero solo a las mujeres puesto que sobre quienes recae la prohibición o permisión del aborto es precisamente sobre nuestros cuerpos.
En un contexto de penalización del aborto, el derecho penal se convierte en una herramienta puesta al servicio de la religión en salvaguarda de la moral única. En esta labor no importa que se vulnere la Constitución que reconoce el derecho a la libertad, igualdad y la vida para todas y todos, así como no importa que año a año el 60% de mujeres que en este momento son madres no hayan deseado serlo, así como que el 57.7% (2012) de muertes maternas por causas directas estén relacionadas a la penalización del aborto.
La desobediencia a la ley de la moral única, lastimosamente reflejada en la ley penal, las mujeres la pagamos con la clandestinidad y la muerte. Y por ello, la pelea por la despenalización penal y social del aborto es una lucha por la vida y la libertad de las mujeres.
La batalla, legal y social, por la igualdad y la vida de las mujeres implica acciones urgentes que estén encaminadas a la erradicación de la violencia estatal. Acciones como la despenalización del aborto nos acercarían a una sociedad con mayor justicia social, en el que las mujeres seamos consideradas ciudadanas cuyas decisiones sean respetadas y garantizadas y no receptáculos.
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Spacio Libre