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Los estudiantes negaron estar relacionarlos  con el Movimiento por Amnistía y Derechos Fundamentales ( Movadef). Foto: http://www.larepublica.pe/
La reciente crisis en La Cantuta empezó con la sentencia contra Díaz / Foto: http://www.larepublica.pe/

Por: Paul Maquet

En las últimas semanas, nuevamente los conflictos universitarios han vuelto a ocupar las primeras planas.

La Cantuta vive en estos momentos situaciones que traen a la mente los trágicos sucesos de hace dos décadas, que todos creíamos ya superados. La Universidad Nacional de Educación se encuentra intervenida por la Policía, y el día de ayer un estudiante fue detenido –aparentemente sin motivo ni orden fiscal-, enmarrocado y sacado del campus. La presencia de las fuerzas policiales busca imponer una comisión interventora nombrada por la Asamblea Nacional de Rectores (ANR), supuestamente para resolver el entrampamiento al que llegó esta universidad cuando dos vicerrectores, José Campos y Vladimiro del Castillo, pretendieron reemplazar al vacado rector Antonio Díaz, generando una duplicidad en el poder de la universidad.

La reciente crisis en La Cantuta empezó con la sentencia contra Díaz emitida por el Poder Judicial por delitos contra la administración pública. La pregunta es: ¿cómo alguien con un proceso por corrupción pudo llegar a ser electo como máxima autoridad de una universidad emblemática, y cómo pudo permanecer varios meses en el cargo luego de su sentencia, solo siendo vacado tras una dura lucha política?

La elección de autoridades cuestionables y con poca legitimidad, y las disputas de poder al interior de las universidades, empezarían a solucionarse con la instauración de mecanismos más transparentes de toma de decisiones. El voto universal, propuesto hace varios años por el movimiento estudiantil y que actualmente se encuentra incluido en el predictamen de la nueva Ley Universitaria, puede ayudar mucho en ese camino. Ese mecanismo funciona hace más de 10 años en la Universidad Nacional de Cajamarca y le ha dado mayor estabilidad y gobernabilidad.

En San Marcos y la Universidad Nacional de Ingeniería también hay problemas vinculados a la elección de autoridades y representantes. En San Marcos, como se sabe, el grupo político del rector Pedro Cotillo –Frente Unido- mantiene intervenidas cinco facultades con decanos “transitorios” nombrados a dedo. Cada vez que los Consejos de Facultad tratan de reunirse para elegir un decano legítimo, los docentes y estudiantes vinculados a este grupo sabotean la sesión, ausentándose para dejarla sin el quórum reglamentario.

En las últimas semanas, las autoridades de la decana han abierto denuncias judiciales y administrativas contra 32 personas (entre docentes, estudiantes de base y representantes estudiantiles) por protestar contra estos hechos. Al autoritarismo y abuso de poder se suma la criminalización de la protesta.

Por su parte, estudiantes de la UNI vienen denunciando un fraude en las elecciones para tercio universitario. Aparentemente, los resultados de las actas no corresponderían con lo anunciado oficialmente por el Comité Electoral. Los problemas en la UNI tienen ya varios meses: en julio, el Comité decidió anular las elecciones por supuestos “vicios”, pero muchos denuncian que simplemente se trató de una artimaña de grupos afines al rector para no perder la mayoría en el Consejo y Asamblea Universitaria. Poco antes, se había nombrado como miembros del Comité Electoral a estudiantes del tercio mayoría saliente, afines al rectorado.

Este tipo de manipulaciones son comunes, y mantienen a las universidades públicas –que son la base del sistema educativo prácticamente en todo el mundo- en una permanente lucha de poder que les resta gobernabilidad, estabilidad y visión de largo plazo. La saludable política universitaria, que ayuda a formar ciudadanía y a foguear a los futuros cuadros dirigenciales de un país, se ha convertido en el Perú en una lucha cortoplacista por mantener pequeñas cuotas de poder para usufructuar del presupuesto público.

Por su parte, los estudiantes de la Villarreal también han protagonizado las noticias en los últimos días. Ellos cerraron el local central por varias horas y luego realizaron una movilización hacia el rectorado, en protesta por el alza injustificada de varios costos administrativos. Esta protesta pone en agenda la necesidad de mejores mecanismos de transparencia económica: ¿cómo y en qué se gasta el dinero de las universidades, tanto el que proviene del presupuesto público como el que desembolsan los estudiantes?

Que cuatro de las principales universidades públicas del país atraviesen fuertes conflictos de manera simultánea muestra qué tan honda puede ser la crisis del sistema de educación superior, y qué tan urgente es no una nueva Ley, sino una profunda reforma.

 

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