El Sistema Interamericano de Derechos Humanos está en riesgo. Una crisis financiera puede dejar, a partir de julio, a miles de personas en toda la región sin poder acceder a la justicia que sus casos ameritan, toda vez que no hay dinero para poder solventar los pagos del personal y la infraestructura que este organismo de la Organización de Estados Americanos requiere.
Redacción Spacio Libre
@spaciolibre
El llamado hecho en estos días por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) es alarmante. Para este año, la comisión solo cuenta con un presupesto de cinco millones de dólares, lo cual resulta insuficiente para el trabajo de este grupo que consiste en revisar, investigar y tramitar hacia la Corte los diversos casos de violaciones a los derechos humanos que se registran en América Latina.
El dinero, otorgado por los estados miembros de la Comisión y por donantes internacionales, no alcanza no siquiera a las cinco milésimas de dólar ($ 0.005)por habitante latinoamericano. Y la situación es más terrible, considerando que los Estados no le han dado a la Comisión el apoyo financiero acorde al mandato que ellos mismos establecieron.
En un comunicado de prensa, la CIDH señala
Existe una profunda discrepancia entre el mandato que los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA) le han asignado a la CIDH, y los recursos financieros que le otorgan.
«PERO ESTÁ BIEN PUES, SI SOLO DEFIENDEN TERRORISTAS»
Sentimos pinchar tu globo de discurso anticaviar. La Comisión, tal como lo plantea su hoja de creación tiene como función primordial «la de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos y de servir como órgano consultivo de la Organización en esta materia.»
Señala también entre otros puntos que
«Recibe, analiza e investiga peticiones individuales en que se alega que Estados Miembros de la OEA que han ratificado la Convención Americana o aquellos Estados que aún no la han ratificado han violado derechos humanos.»
Es decir, que cualquier ciudadano, en este caso peruano, puede acudir a la CIDH como última instancia para hacer valer sus derechos si es que considera que han sido violados por el Estado a través de cualquiera de sus poderes, el Ejecutivo, el Legislativo y sobre todo el Judicial.
Y ojo, no solo ven los casos de «los caviares y rojos proterrucos», no amiguito fujitroll, lo sentimos también incluso puede ver -si así lo quisiera- la situación jurídica de Alberto Fujimori, ya que si su defensa considera -tras la declaración del Tribunal Constitucional- que los derechos de su cliente han sido vulnerados y su carcelería es injusta, la Comisión podría analizar y pronunciarse sobre su caso.
También ha habido casos de revisión de situaciones de despidos laborales. Tal es el caso de un grupo de trabajadores de la Municipalidad de Lima quienes acudieron hasta dicha instancia luego de ser despedidos en la administración de Alberto Andrade. La Comisión trasladó el caso a la Corte y esta dictaminó que se reincorpore a estos trabajadores a sus antiguas posiciones. (Para más detalles de este caso, revisa aquí)
Si quieres conocer más casos de Perú y otros estados en la Comisión ingresa aquí.
«YA PERO, ¿PERO EN QUE LOS AFECTA NO TENER PLATA?
Para el 31 de julio de este años, se vencen los contratos del 40% del personal y no hay la capacidad para renovarlos todos, es decir, hay menos trabajadores y por ende la carga procesal aumentará porque la demora en la revisión de los casos será mayor. Imagina revisar 500 casos con 50 personas. Ahora imagina que sean solo 5.
De igual forma la Comisión tiene como uno de sus principales trabajos los Períodos de Sesiones donde se ven las vistas de los casos. Audiencias donde los demandantes presentan su caso y el Estado presenta su defensa. A partir de estas sesiones se determina si los casos van a la Corte Interamericana. La crisis económica obliga a la Comisión a suspender tanto los períodos 159 y 160 de julio y octubre, así como las visitas previstas para este año a los países donde se han presentado denuncias.
La CIDH señala que
Resulta alarmante (…) el hecho de que esta situación resultará en el desmantelamiento de áreas esenciales en el cumplimiento de su mandato. La CIDH expresa su profunda aflicción ante las víctimas, los peticionarios y las organizaciones de la sociedad civil que tenían planificado participar en audiencias, reuniones de trabajo y otros espacios previstos para las sesiones de octubre. Asimismo, la CIDH expresa su extrema preocupación porque la suspensión de las sesiones tiene un impacto directo en la capacidad de la Comisión de avanzar en el procesamiento de las denuncias de violaciones a los derechos humanos, ya que es en dichas sesiones cuando los Comisionados y las Comisionadas analizan, debaten y aprueban informes sobre peticiones y casos.
A esto hay que agregarle que serán miles de personas que quedarán indefensas, a pesar que ya se había previsto la revisión de sus casos.
Resulta igualmente perturbador el estado de indefensión en que quedarán miles de víctimas de violaciones a los derechos humanos. Será inevitable que el retraso procesal que se estaba intentando reducir vuelva a aumentar y llegue a un punto incompatible con el derecho de acceso a la justicia. Asimismo, la CIDH lamenta profundamente estar enfrentada a un escenario inminente de perder a valiosos/as funcionarios/as que han trabajado de manera infatigable en favor de los derechos de las víctimas, entregados/as a la causa de los derechos humanos con responsabilidad y dedicación.
«ENTONCES ¿CÓMO HARÍAMOS?»
Para evitar la catástrofe, la CIDH necesita recibir fondos o al menos el compromiso firmado de entrega de estos hasta el 15 de junio, para poder cubrir su presupuesto anual evitando la pérdida del 40% de su personal y poder ejecutar las sesiones y visitas previstas.
Son los gobiernos los que deben ponerse las pilas:
En este sentido, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hace un enérgico llamado a los Estados Miembros de la OEA a asumir su responsabilidad con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. La CIDH espera que la próxima Asamblea General de la OEA, a realizarse en junio, adopte una decisión histórica y trascendental, que refleje el compromiso de los Estados con la defensa de los derechos humanos en la región. Esto significa aumentar de forma radical el presupuesto del fondo regular de la OEA y asignar a la CIDH y al Sistema Interamericano de Derechos Humanos en general los recursos necesarios para el cumplimiento del mandato asignado por los propios Estados. Es indispensable, imperativo y urgente que los Estados efectivamente adopten una solución sustentable a este grave y crónico problema y demuestren su compromiso con el respeto y garantía a los derechos humanos con hechos y no sólo palabras.
Por aquí, al menos desde Palacio o desde la sede del Minjus en Miraflores no se ha dicho nada aún. Así estamos.
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