Cardoza señaló que Perú es uno de los países que -hasta la fecha- no firma esta importante convención.
“Adherirse a esta convención significará proteger a todos los peruanos y peruanas de las lamentables prácticas de desaparición forzada y respetar sus derechos humanos”, aseveró.
Así mismo, Cardoza recordó que en Perú, a diferencia de otros países, las desapariciones forzadas se produjeron en sistemas democráticos, por lo cual los familiares consideran que estos casos deben ser resueltos cuanto antes.
De otro lado, la representante del EPAF consideró que el caso de las exhumaciones de los restos enterrados en Huanta (Ayacucho) es un proceso complicado, sobre todo para identificar a las personas que se encontraron ahí.
“El proceso es largo y complicado, por lo cual no se le puede generar tantas expectativas a los familiares, pues esto toma su tiempo aun”, acotó
Como se recuerda, luego de 17 días de excavación en una fosa común en el Cementerio General de Huanta, peritos forenses culminaron el miércoles la exhumación de 37 cadáveres de personas asesinadas entre julio y agosto de 1984 por agentes de la Marina de Guerra, en esta provincia ayacuchana.
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