Por: Mario Ramos / @mariorm7
El segundo día de la Cátedra Franco – Andina estuvo rodeada de diversos matices gracias a las diversas disciplinas y especialidades de los expositores. A continuación, conoce lo más resaltante de la “Los retos actuales de la lucha contra la impunidad”, día II.
El diálogo se inició con la presencia del francés Jean-Christopher Saint Pau, Profesor de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Montesquieu-Bordeaux IV.
Inició dando un recuento de la importancia del Tribunal de Nüremberg y sus efectos sobre los crímenes tipificados a partir de ahí.
Por otro lado, detalló que dentro de la normativa francesa existían crímenes contra la humanidad que no eran punibles debido a la falta de detalle en ciertas leyes, frente a esto, el 28 de febrero del 2012, se aprobó una ley que enfrentó este problema.
Además de eso resaltó la importancia que tienen las “leyes de la memoria” y lo beneficioso que son para mantener un consciente y correcto uso de la defensa humana sin ser, necesariamente, normativas. “Las leyes de la memoria no tienen carácter normativo”, declaró.
Contó acerca de un caso de Genocidio en Armenia, el 2012, en donde se intentó sancionar actos de genocidio que ya estaban normados, es decir, no siguiendo la línea correcta del proceso, sino en una suerte de prevaricato (delito que no existe en la normativa francesa).
Detalló que existe, en Francia, un debate abierto sobre el admitir a aquellos que cuestionan los crímenes de Lesa Humanidad. Sumado a esto hizo un comentario sobre la Ley del Negacionismo y dijo “el negacionismo no pertenecería a una sociedad protectora de la democracia”.
Para finalizar, dentro de los retos contra la impunidad, señaló que dentro de la jurisprudencia francesa “la libertad de expresión participa en el ejercicio de la democracia y todos los derechos fundamentales”. Lo cual es algo que se debe tener en cuenta en toda sociedad.
Claro y directo
Como segundo miembro de la mesa, estuvo el periodista y economista, Augusto Álvarez Rodrich. “Nuestra única misión es denunciar los hechos, destapar casos”, así resaltó sus exposición mientras daba detalles de la labor de un periodista y la libertad de expresión. Las funciones fiscalizadora y sentenciadora tienen otros especialistas.
Sobre el uso de fuentes adquiridas de forma ilegal, declaró que su uso depende la relevancia social que puede tener la información que contiene. Dejó en claro que los más usuales son los audios.
“Mi regla es que la sociedad esté peor si no se conociera esto”, dijo sobre el uso de pruebas obtenidas ilegalmente, no obstante, señaló que, en la medida de lo posible, no deberían ser usadas.
Por otro lado, habló sobre la falta de memoria de los peruanos y la labor periodística que se tiene sobre el seguimiento de los hechos y las malas prácticas dentro del sistema judicial.
Finalizó afirmando que “la fiesta se llevará en paz” si los periodistas, jueces y fiscales trabajan en conjunto y manteniendo siempre una línea ética.
La jurisprudencia internacional
Como segunda mesa de la jornada estuvieron Juan Pablo Albán, Director de Consultorios Jurídicos en Ecuador y Elizabeth Salmón, Directora de IDEHPUCP, quienes abordaron el tema del derecho internacional y su efecto sobre el derecho local.
“Tenemos que dejar atrás el pasado y mirar hacia el futuro”, así inició su exposición al hablar sobre el aporte de las manifestaciones que buscan reformar las normativas de forma beneficiosa para el bien social común.
Dice que esta afirmación viene acompañada con la siguiente:
“Es imposible investigar y sancionar las violaciones de derechos humanos que se han cometido realizados en desconocimiento del orden judicial de un Estado”, esto se refleja en las llamadas “leyes de amnistía”, a las cuales también llamó “leyes de impunidad”, y que se han visto en muchos países de la región.
Según Albán, una ley de amnistía es igual a: Indefensión de las víctimas y perpetuar la impunidad.
Afirmó que las leyes de amnistía se han dado gracias a los regímenes dirigidos por militares. Frente a esta realidad declara que la justicia militar no puede intervenir en violaciones de derechos humanos.
Citó casos de amnistía e impunidad de Ecuador, Uruguay, Colombia y Perú, especificando en el caso Barrios Altos. A esto dijo que no cabe la reducción de pena. “La sanción no puede ser solo una fachada, una pantomima, la sanción debe ser efectiva”, declaró.
Frente a estos casos, señala que las leyes internacionales priman sobre cualquier normativa interna en cualquier Estado. Por tanto, las leyes de amnistía son incompatibles con estos estatutos.
Por otro lado, explicó que los crímenes de Lesa Humanidad tienen una imprescriptibilidad debido al punto débil de la característica de ser ataques “generalizados y sistemáticos”; por lo cual, delitos cometidos de forma aislada a personas individuales, sin afectar a un universo significativo de la población, no se pueden considerar delitos de lesa humanidad. Frente a este talón de Aquiles, señala que la CIDH, se apoya en lo normado por el Tribunal de Nüremberg, lo cual señala que estos actos se castigan desde el plano internacional y son de castigo obligatorio.
Agregó diciendo que la CIDH y el Sistema Internacional dicen que, independientemente del tipo de proceso, en temas de violaciones a derechos humanos, si un civil está involucrado en el proceso, como víctima, es imposible que ingrese el fuero militar. Aun cuando el bien jurídico sí pudiera alegarse como propio del fuero militar; esto ha dado efectos al derrumbe de muchas leyes en las que podían participar militares.
Finalmente aseguró que el Estado debe ser el responsable de la investigación y seguimiento del delito y todo el proceso, desde el acto delictivo hasta la reparación sin obviar la “satisfacción” de conocer la verdad sobre los hechos. Es decir, si no se llega a saber quién y cómo se cometió un crimen, no se puede decir que se hizo justicia.
Por su parte, Elizabeth Salmón, detalló en la diferencia que existe entre Internacionalismo y Regionalismo para el Derecho Internacional.
Afirmó que si bien la distinción no es absoluta, se podría hacer un acercamiento dentro de lo anterior señalado por Albán y las normativas internas de los Estados. Por lo tanto, se debe entender que existe un concepto válido en la lucha contra la impunidad gracias a la reacción de los sistemas internos afectados por el derecho internacional.
Se mostró en contra del pedido de indulto humanitario para Alberto Fujimori, además, detalló que, gracias al derecho internacional y el sistema interamericano, el caso Barrios Altos, citando a la CIDH: «no son admisibles las disposiciones contrarias que excluyan todo tipo de investigación relacionada con esos hechos y así bloqueen una persecución penal o dejen sin efecto sentencias condenatorias».
Esto rebota en que “el sistema no quiere impunidad a través de ningún mecanismo, no es que no quiera ninguna de estas medidas per se”. Por lo tanto, una adecuada interpretación de la jurisprudencia de la CIDH tiene que llevar a que el objetivo de todo este desarrollo sea impedir la impunidad.
Concluyó diciendo que, actualmente, desde el ámbito del derecho internacional, hay una lucha perpetua y total contra la impunidad, sin embargo, no es ajeno a circunstancias excepcionales por medidas humanas y de salud.
Derechos colectivos y criminalización de la protesta
Como representante internacional del campo periodístico, Gisela López Rivas, Periodista en el Ministerio de Autonomía del gobierno de Bolivia, nos dio alcances sobre cómo se vive la protesta social en su país.
Recuerda que tienen un presidente que viene de la protesta y que tienen involucrados en la protesta social a personas de distintos campos. Frente a este fenómeno existen diversos conflictos racistas, discriminadores y con alta politización que están dejando heridas profundas a los y las bolivianas.
Contó que la extrema derecha de su país secuestró instituciones públicas para tomar el control y zafar de la justicia. Empresarios con tierras adquiridas en forma ilegal, otro con delitos de corrupción, entre otros.
Aseguró que el sistema mediático estigmatiza la protesta social, evidenciando el manejo de la élite política sobre los medios de comunicación. Existe una suerte resistencia frente a las voces protesta, sin embargo, aun existen pequeños grupos y periodistas que mantienen una línea democrática y defensora de los derechos fundamentales, Gisela es parte de ese pequeño grupo.
Por otro lado, ahora los pequeños grupos que antes eran discriminados ahora son tomados en cuenta para muchas ampliaciones de noticias, pues son grupos que se han puesto en contra del gobierno. Gobierno que parte de una voz protesta y está en contra de la derecha extrema, ideología que siempre logra salirse con la suya.
Frente a esto, el Estado boliviano está dando pasos importantes al haber introducido el derecho a la información y a la comunicación como un derecho humano. Pese a esto, muy pocos se han podido manifestar.
López Rivas deja el tema del poco interés que tiene el gobierno por ampliar este derecho para un debate abierto.
[ Puede ver la primera parte de esta crónica aquí ]
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