Lima, Perú (Spacio Libre).- El Instituto de Defensa Legal (IDL) expresó su indignación frente a la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) en la que falló a favor de Julio Salazar Monroe, implicado en el Grupo Colina, acusado de aniquilar personas en la lucha contra el terrorismo.
IDL acusa al TC de impunidad por “no tener en cuenta las maniobras dilatorias de Salazar Monroe” y la lenta actuación de la Sala Suprema durante el juicio. El instituto rechaza tajantemente que el ex general pueda ser excluido del caso Barrios Altos.
¿Qué pasó en la Masacre de Barrios Altos?
Así se le llamó a la matanza del 3 de noviembre de 1991 en el Cerado de Lima, específicamente en Barrios Altos, en la que 15 personas murieron y 4 resultaron heridas por atacantes que luego fueron identificados como integrantes del Grupo Colina, un grupo formado por miembros de las Fuerzas Armadas de Perú. Esta masacre se dio durante el gobierno del expresidente Alberto Fujimori, y es vista como símbolo de las violaciones de derechos humanos. Luego de las investigaciones se determinó que el hecho fue llevado a cabo bajo la dirección de Vladimiro Montesinos, jefe del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), y por encargo de Fujimori Fujimori.
A continuación un extracto de la nota de prensa circulada por IDL:
La notificación de la sentencia del Tribunal Constitucional ocurrió el día 12 de abril de este año. Eso significa que desde ese día el presidente –Javier Villa Stein– y los magistrados de esa sala tenían pleno conocimiento del mandato perentorio del TC y consecuentemente debían llamar a una vista de la causa de manera inmediata. Pero el hecho es que la Sala Penal Permanente recién citó a la partes la vista de causa el 31 de mayo de 2012, es decir, aproximadamente 50 días después de haber conocido del mandato del TC. La fecha que señaló fue el 13 de Junio al medio día. Por eso, el 13 de junio, la defensa del condenado Salazar Monroe no hizo más que exigir que la Suprema de cumplimiento a la sentencia del TC porque ésta surtió efectos a partir del 12 de mayo de este año, fecha en la que se cumplieron los 30 días concedidos a la Corte Suprema.
IDL califica de “increíble” la situación del juicio, ya que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ordenó investigar a profundidad la matanza de Barrios Altos. Tildan de “una perla más” al magistrado Javier Villa Stein, a quien acusan de “fallar a favor de la impunidad a lo largo de una década como vocal supremo”, como señalan en cuatro puntos:
1) Votó por declarar firme la resolución de la Sala Penal de delitos tributarios y aduaneros (creada por Montesinos), que señalaba que la falsificación de un millón de firmas de Perú 2000 no era delito.
2) Señaló que la sentencia impuesta a Absalón Vásquez, Hurtado Miller y otros, era nula, por lo tanto se tenía que hacer de nuevo el juicio.
3) Pasó el caso de Dionisio Romero de la 1ra Sala Superior Anticorrupción a la 3ra Sala Superior Anticorrupción (la llamada Sala VIP)
4) Otorgó la semilibertad a un ex-congresista, aplicando una ley derogada y desacatando la sentencia vinculante del Tribunal Constitucional, entre otros.
Por: Jack Hurtado / @JackHurtado
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