De esta formal, el IDL considera en su informe “Avances y desafíos en las reparaciones a las víctimas de la violencia política”, que una de las primeras medidas a tomar debe ser la revisión del monto de las reparaciones económicas individuales establecido en el Decreto Supremo 051, emitido durante el gobierno de Alan Garcìa.
«La cifra de 10 mil nuevos soles no corresponde a los precedentes nacionales, el más significativo fue lo entregado a los ronderos. Por ello, se recomienda que las reparaciones económicas tengan como monto mínimo, 30 mil nuevos soles», señala el organismo en una nota de prensa.
Asimismo, señalan que hasta el momento no hay avances significativos en las reparaciones de vivienda, salud, educación y derechos ciudadanos, pues en muchos casos, han quedado solo en lineamientos generales.
El informe señala, por ejemplo, algunas iniciativas que diversos sectores como la Defensoría del Pueblo, el Registro Nacional de Identidad y Estado Civil (RENIEC) y organismos de la sociedad civil, han impulsado para ayudar en el cumplimiento de este tipo de reparaciones, sin embargo, la mayoría de estas acciones, no han contado con el seguimiento y el apoyo de la CMAN.
De otro lado, lamentan que el gobierno central no haya tenido avances significativos en las reparaciones simbólicas, señalando que se han construido algunos monumentos simbólicos (47 en todo el Perú), pero que no están recibiendo el mantenimiento necesario.
Además, según el documento, la ejecución del Plan Integral de Reparaciones carece de un enfoque de género pues, entre otras cosas, solo reconoce como víctimas de violencia sexual a aquellas que sufrieron la violación y deja de lado los casos de esclavitud sexual, embarazos forzados, prostitución forzada, entre otros.
Asimismo, de los 1.555 casos de violación registrados hasta enero del 2011, 357 casos están en proceso de calificación. Por ello, el informe recomienda, entre otras cosas, implementar las medidas necesarias para judicializar los casos de violación sexual cometidos durante el conflicto armado interno y brindar una asesoría jurídica a las mujeres.
Otras de las recomendaciones expuestas en el informe tienen que ver con el otorgamiento de becas en educación para las víctimas, brindar bonos para la obtención y el mejoramiento de las viviendas, así como asesorías técnicas para el saneamiento de sus propiedades.
Se espera que con estas ideas se facilite el proceso de diálogo y que se genere el consenso y las condiciones necesarias para cumplir, finalmente, con todas las reparaciones a las víctimas.
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