La orden de El Vaticano de intervenir el movimiento Sodalicio de Vida Cristiana frente a las denuncias de abuso sexual. Esto a pocos días de la llegada del papa Francisco a nuestro territorio.
Por Luis Pacheco Quispe
@luispachecoq
La historia de ‘excesos y errores’ de la iglesia católica hacia sus fieles es densa y con varias capas, pero mencionaremos una de las últimas y más conocidas solo para tener claro un panorama de cómo creemos que avanzará el caso del Sodalicio: el caso Romanones.
Según información internacional, el caso Romanones (Granada, España) vio la luz en noviembre de 2014, cuando un joven ‘Daniel’ envió una carta al Vaticano donde daba cuenta de que había sido víctima de abusos sexuales desde 2004 hasta 2007, entre los 14 y 17 años. Casi inmediatamente, el papa Francisco llamó por teléfono a Daniel, para pedirle perdón y ofrecerle su apoyo. La detención de Román Martínez, el cura acusado, se efectuó junto con otros dos sacerdotes y un profesor de religión. Aquella investigación policial se extendió hasta llegar a doce personas, diez sacerdotes y dos laicos.
En el desarrollo de esta historia, la Fiscalía pedía para Román Martínez nueve años de prisión —la víctima pedía 26 años—, la prohibición de acercarse a Daniel a menos de cien metros, de comunicarse con él durante diez años y una indemnización de 50 mil euros. En marzo de 2017, el acusado fue declarado inocente; el tribunal dictaminó que los ‘presuntos’ delitos habían prescrito. Además, la Fiscalía retiró la acusación el último día del juicio.
Y para cerrar con listón dorado, el pasado 29 de noviembre, el arzobispado de Granada comunicó que la ‘Santa Sede’ decidió levantar las medidas canónicas cautelares —desde octubre de 2014 no ejercían sus funciones, es decir, la ‘Santa Sede’ había tomado sus ya conocidas medidas— que se habían dictado sobre ellos. Román Martínez junto con los curas Francisco José Martínez Campos y Manuel Morales Morales fueron reincorporados a sus funciones y se les informó de sus nuevos destinos.
A propósito de este escandaloso caso, el periodista Pedro Salinas, autor del libro Mitad monjes, mitad soldados, mencionó en una de sus columnas: “…le han achacado a la víctima la ‘concurrencia de graves contradicciones’, además de proporcionar ‘versiones de los hechos imprecisas y vacilantes’. Si me preguntan, hasta parece un calco a medias de la resolución vaticana sobre el peruano Luis Fernando Figari, fundador del Sodalicio”. Así está la cosa.
El Sodalicio y la visita de Francisco
El próximo 18 de enero será la llegada de la máxima autoridad de la iglesia católica y para que la ‘fiesta’ vaya en paz, Jorge Bergoglio, conocido por sus seguidores como Francisco, allana el contexto con un comunicado y nombra como comisario apostólico al obispo colombiano Noel Antonio Londoño Buitrago, quien estará a cargo de la intervención de la organización católica Sodalicio de Vida Cristiana, fundada en 1971 por Luis Fernando Figari.
El comunicado del Vaticano resalta: «El Santo Padre Francisco ha seguido con preocupación todas las informaciones que, desde hace varios años, han ido llegando a la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica sobre la situación del Sodalicio de Vida Cristiana».
Como algunos recordarán, el Ministerio Público solicitó —en diciembre pasado— la prisión preventiva para Figari, quien se encuentra relajadazo en Roma, por los presuntos delitos de asociación para delinquir, secuestro y lesiones psicológicas graves, en relación con un caso de abusos sexuales contra al menos 36 personas, 19 de ellas menores.
Con ese antecedente —background para los millennials—de España, permitámonos cuestionar la determinación de Francisco y cuyo interés más parece evitar o no ser abordado por preguntas ‘incómodas’ durante su estadía en nuestro país. Porque el asunto está en proceso. Claro.
Lee nuestro archivo sobre el caso Sodalicio
Dato
De los varios fundamentos para la prisión preventiva, solicitada por la fiscal María León Pizarro, existe el de peligro procesal; justificado en que Figari, al momento de que se denunciaron los hechos, viajó a Roma, lo que demostraría la falta de colaboración con la justicia. Además, no tendría arraigo familiar ni laboral. En relación a los demás imputados, sustenta que en cada caso habría peligro de obstaculizar las pruebas. (Fuente: Perú21)
Sobre el autor
Francisco Pérez García 
Spacio Libre