Lima, Perú (CAPS).- Interesante noticia la que llega desde México, donde la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), el equivalente a nuestro ministerio de este sector, dio a conocer un Plan de acción para atender las recomendaciones que hiciera el Subcomité para la Prevención de la Tortura de la Organización de Naciones Unidas.
Según un comunicado de la SRE, se señala que la delegación de la ONU que visitó este país en septiembre de 2008, presentó en 2009 al Gobierno de México un informe en el que le formuló más de 100 recomendaciones para mejorar el marco legal, la capacitación y las prácticas de atención a los detenidos por el sistema de justicia.
Por este motivo, el Plan de acción presentado por el gobierno mexicano tiene como objetivos capacitar con un enfoque de derechos humanos a todos los servidores públicos federales y estatales que tienen contacto con los detenidos. También busca reforzar y establecer medidas de control para evitar que se cometan arbitrariedades y prevenir la tortura en los centros de detención.
A través de este plan, se garantizará la investigación de todas las alegaciones de tortura, se mejorarán las condiciones de detención e impulsarán los cambios de la reforma al sistema de justicia penal, promulgada en 2008.
El plan fue elaborado por un grupo de trabajo de instituciones federales y de los Gobiernos de los estados de México, Jalisco, Nuevo León, Oaxaca y Distrito Federal, los que fueron visitados por una comisión del subcomité.
La cancillería dijo que atendiendo a las recomendaciones del Subcomité, ya se han realizado avances para fortalecer los mecanismos existentes para prevenir la tortura y mejorar el sistema de protección de las personas detenidas. Citó como ejemplo la reestructuración del Centro de Internamiento y de Adaptación de Adolescentes Infractores del estado de Nuevo León.
INSPECCIÓN
Durante su misión al país, la Organización de Naciones Unidas inspeccionó 17 centros de detención: 12 recintos policiales y judiciales con separos, una prisión militar, dos centros para menores infractores y dos hospitales psiquiátricos, tras lo cual emitió un informe con más de 100 recomendaciones para mejorar el marco legal, la capacitación y prácticas de atención a los presos.
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