Lima, Perú (Spacio Libre).- Bajo tierra, en penumbra y en condiciones extremas de trabajo se alimenta la informalidad, víctima del apetito voraz del tráfico de minerales para conseguir metales preciosos, que luego serán comercializados.
El negocio de la minería informal, que está presente en 21 regiones del país, crece en la sombra del flagrante delito, al que le han prestado poca importancia o en el peor de los casos, situación que las autoridades han preferido evadir. El último informe de la Defensoría del Pueblo: Gestión del Estado frente a la minería ilegal e informal en el Perú, revela que dicha actividad genera trabajos directos para un promedio de 100 mil personas y representa en impuestos dejados de pagar al fisco más de 500 millones de soles.
La última investigación del programa dominical Panorama revela la ruta de la ilegalidad, que se erige sobre los cuatro mil metros de altura, en el mutismo de la jalca de los andes centrales apurimeños, hasta donde llegan decenas de camiones para transportar toneladas de mineral.
En el distrito de Progreso en Abancay, a 25 horas de viaje de la capital, se ubica el centro de operaciones de la negligencia, donde se han derogado leyes y medidas de seguridad. Ahí donde el oro y el cobre anularon la formalidad.
Un grupo de ronderos vigilan los alrededores y preparados ante cualquier eventualidad, aguardan en las faldas de los cerros, desde donde amenazan a cualquier persona que solo intente mirar. Es casi imposible adentrarse en esta especie de aldea que trabaja en busca del tesoro.
Para que estos dependientes del mineral rojo puedan llevar a cabo su extracción, cuentan con grupos electrógenos y maquinaria pesada que hace posible apilar en sacos de 77 kg. de roca, que luego es transportada en camiones hasta Pampas de Nazca, destino final.
Dichos camiones cargan de siete a ocho toneladas de roca con mineral que son trasladados durante 10 diez horas de viaje hasta Pachachaca, en Junín. Luego en un grifo de PetroPerú esperan tres estibadores que cargan el material a grandes trailers, que transportarán cada uno, un total de 30 toneladas.
Después, más de 30 mil kg. de mercadería son conducidos hasta el valle Las Trancas y Pajonal en Nazca, donde operan más de 20 plantas sin licencia de procesamiento, quienes procesan gran parte del mineral que se extrae artesanalmente en el Perú. Previo a esto cada camión se pesa en una balanza electrónica a vista y paciencia de los efectivos policiales, burlando varios controles.
Hace tres años que Nazca ha visto crecer estas fábricas, que operan al borde de la ley y que ponen en riesgo la salud con metales tóxicos contenidos en pozas de relave. Y peor aún, cuando estas operaciones colindan con zonas arqueológicas del patrimonio cultural. La contaminación por cascajo es evidente.
Nadie paga impuestos, todos trasgreden la ley en este mercado clandestino al que cada día se adhieren nuevos hombres. Las cuevas esconden minerales sin control y el negocio crece en la senda de la ilicitud. La serenidad y el descaro gobierna mientras se sigue pensando qué medidas implementar para enfrentar la minería ilegal e informal en todo el país. Este es solo un caso. ¿Cuánto más se esconderá entre cuevas y socavones?
Por Martín Alvarado/@martinalcor
Con información de Panorama (Panamericana)
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