Se desarrolló audiencia por despido de trabajadores del sindicato de Claro

Foto: Facebook SUTAMP
Foto: Facebook SUTAMP
Lima, Perú (Spacio Libre).- Reviso en el Facebook del Sindicato Unico de Trabajadores de América Móvil del Perú (SUTAMP), que hoy se realizó la primera audiencia oral solicitada por la empresa Claro en la primera instancia de la acción de amparo interpuesto por el sindicato solicitando a la justicia su reposición.

Si recuerdan el caso, los trabajadores fundadores del Sindicato fueron despedidos, precisamente, por formar el gremio al interior de la empresa.

El estudio de abogados que representa al Sindicato rebatió los argumentos por los que Claro solicita la nulidad de la demanda, que el Juez del Primer Juzgado Constitucional declaró nulos e infundados mediante Resolución en su oportunidad.

Madres de víctimas de violencia política fallecen sin encontrar justicia y reparación

Lima, Perú (Spacio Libre).- Hoy la web de Servicios Educativos Rurales (SER) publica una nota, por demás indignante. Y es que el Estado parece no querer dar muestras de apoyo a las víctimas de la violencia política.

Las madres y viudas de la Asociación Nacional de Familiares Secuestrados y Desaparecidos (ANFASEP), pasan malos momentos luego de la muerte de dos de ellas, por cuestiones de salud, que tampoco es cubierta como se debe.

Más detalles, en la nota de Tycho Janampa, publicad por SER.

Absuelven a responsables de desaparición de Constantino Saavedra

Lima, Perú (APRODEH).- Indignante. Una nueva sentencia niega el derecho de las víctimas a la justicia. Ayer, a Sala Penal Nacional presidida por Clotilde Cavero absolvió a Petronio Fernández Dávila Carnero, jefe político militar de Huamanga, así como a Eduardo García Daneri, Raúl O» Connor La Rosa y Donato Saavedra Gárate, por la desaparición del ingeniero Constantino Saavedra, el 1º de Octubre de 1990 en la ciudad de Huamanga, Ayacucho.

«La Sala basó su resolución en que no existe un registro de los detenidos que incluya los datos de Constantino Saavedra. Sin embargo, es conocido que los funcionarios del Estado, concretamente del Ministerio de Defensa, ocultan la información pues no entregan los nombres de los soldados ni del personal militar comprometido en las investigaciones, mucho menos el registro de detenidos durante esos años. Es más, la no existencia del registro evidencia la intención de la desaparición y de no dejar evidencia del crimen», señaló Gloria Cano, abogada de la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH).