Por Javier Contreras
@javier_contmar
La última vez que Romina Pariona (55) vio a los ojos a su esposo, Manuel Hinojosa (64) fue en febrero de 2022, en una cama de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del hospital Edgardo Rebagliati, en Jesús María. Una ventana los separaba y Manuel, consumido por el Covid, apenas consciente, levantó su mano derecha, como despidiéndose.
En su último aliento pensó que podía irse tranquilo, pues por más de 20 años había aportado, religiosamente, a una administradora de fondo de pensiones (AFP) y ahora, su compañera de toda la vida, podría gozar de una pensión de viudez, que le asegure una vida digna en su ausencia. Hace poco más de un mes, celebraron la misa de año de Carrasco y la mujer aún no recibe pensión alguna, vive de cachuelos, y de los “propinas” de sus hijas.
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Según la Asociación de AFP, hay 8,8 millones de peruanos que cada fin de mes, le destinan el 10% de su salario a un ‘ahorro previsional’ en la Cuenta Individual de Capitalización (CIC) que tienen en alguna de las 4 administradoras que operan en el país: Integra, Prima, Profuturo y Hábitat. Esta cifra ha venido en un alza sostenida desde que, en 1993, Alberto Fujimori decidiera abrirle las puertas del país a un conjunto de políticas económicas neoliberales, entre las que se encontraban el Sistema Privado de Pensiones (SPP). En 30 años, ni la crisis económica de 2009 ni la del 2020, impidió que el número de aportantes deje de crecer sostenidamente.
No obstante, casi desde su ingreso al mercado, el SPP enfrenta críticas por las bajas pensiones, porque no existe una pensión mínima y, sobre todo, por las altas comisiones que se cobra a los aportantes. Según la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), los afiliados pagan una comisión sobre el flujo, es decir, un porcentaje sobre su remuneración bruta mensual que de acuerdo con las diferentes administradoras fluctúan entre 1.47% y 1.69% o una comisión sobre el saldo que oscila entre 0.79% y 1.25%. Adicionalmente, se paga una prima por el seguro de invalidez y sobrevivencia que es de 1.84% del ingreso bruto mensual del aportante.
Hablando en cifras concretas, si un trabajador gana S/1500 al mes y está afiliado a Integra (que es la administradora que ganó la quinta licitación de afiliados por ser la que menos tasa de comisiones cobra) su aporte sería de S/150, más S/ 11.85 de comisión sobre saldo y S/ 27.60 de prima por el seguro, lo que suma S/189.45 al mes y S/ 493.05 al año.
A esta cifra se le debería añadir los intereses ganados por las inversiones que realizan las administradoras con el dinero. La queja de los usuarios es que, en tiempos de incertidumbre económica o recesión, la rentabilidad de sus cuentas cae, mientras que las ganancias de las administradoras crecen, sin existir una corresponsabilidad mínima por ser quienes administran el dinero de los aportes.
Solo en el último año, de acuerdo con información de la SBS, la rentabilidad de los Fondos 1 y 2 de las AFP, que son los que captan mayor número de aportes, cayeron en promedio en 2.65% y 5.03%, mientras que el Fondo 3 se redujo en 10.16%, ocasionando pérdidas sensibles en los fondos personales de cada aportante. En contraparte, la rentabilidad de las administradoras superó los S/ 471 millones.
Los defensores del SPP dicen que es un error evaluar la rentabilidad de forma anualizada, pues se trata de ahorros a largo plazo, que en mejores condiciones económicas tendrán desempeños más interesantes. Pero lo cierto es que, para los aportantes, ver su informe mensual y darse cuenta que su monto va cayendo, pese a que siguen aportando puntualmente, es -por decir lo menos- preocupante y saber que, además, quienes utilizan su dinero para invertirlo, no asumen el resultado y no pierden, o pierden muy poco, es indignante.
LOS RETIROS SIN REFORMA
En ese sentido, la necesidad de una reforma integral del sistema tiene la misma antigüedad que su existencia, pero los devaneos políticos y la poca capacidad de generar consensos enfocados en el bien del usuario han impedido, en 30 años, encontrar una fórmula correcta y se han dado cambios pequeños, guiados por el populismo, antes que por ideas técnicamente bien sustentadas. Durante el gobierno del presidente Ollanta Humala, el Congreso de la República determinó que, antes de la jubilación, las personas podrán utilizar el 25% de sus fondos para la compra de una primera vivienda y al momento de la jubilación podrán disponer del 95,5% de los fondos de su CIC.
Entre el 2020 y 2022, debido a los efectos económicos del Covid-19, el Poder Ejecutivo y el Congreso de la República autorizaron seis retiros extraordinarios del ahorro previsional para los afiliados al Sistema Privado de Pensiones (SPP). Estos programas significaron, a diciembre de 2022, el retiro de S/ 87 937 millones de los fondos de pensiones que fue realizado por 6 133 003 afiliados, según informó la SBS.
Al respecto el Banco Central de Reserva (BCR) advirtió que, si bien en el corto plazo los retiros ayudan a suavizar la senda de consumo de las familias, a largo plazo reducen la cobertura del sistema previsional, poniendo en mayor riesgo de pobreza a los futuros jubilados.
Cabe anotar que la actual Comisión de Economía del Congreso viene evaluando un sétimo retiro de fondos de las AFP de hasta S/ 19.800 (o 4 Unidades Impositivas Tributarias) a fin de inyectar liquidez en el mercado, a lo cual el presidente del BCR, Julio Velarde consideró que “sería una locura”, pues se dejaría sin fondos a los afiliados.
¿Y HAY PROPUESTAS DE REFORMA DEL SISTEMA DE PENSIONES?
El exministro de Economía y Finanzas, David Tuesta, es una de las personas más entendidas en el tema y explica que una verdadera reforma del sistema pensionario en el país debería estar centrada más en la persona y más en la situación de empleo. “Una reforma debe buscar la universalidad e integración del sistema de pensiones con propuestas que brinden beneficios para todos de forma sostenible”, indicó
.La propuesta más seria sobre una reforma ha venido desde las filas de la izquierda, particularmente de la congresista Sigrid Bazán, quien es la actual presidenta de la Comisión de Trabajo del Parlamento y ha presentado el Sistema Integrado Universal de Pensiones, como una alternativa que busca integra el SNP y el SPP y que, según sus propias palabras, se basa en los principios de universalidad, solidaridad, sostenibilidad, intangibilidad, participación, entre otros, pues abarca a toda la población y garantiza el derecho a la seguridad social en pensiones, incorpora a los independientes y genera incentivos para la afiliación de no formales.
La propuesta de Bazán Narro parte de 3 pilares, el primero el no contributivo que es administrado y financiado por el Estado, garantiza pensión base para todos y absorbe a Pensión 65 y Contigo. El segundo, el contributivo, es administrado por el Estado y está enfocado en los trabajadores dependientes, independientes y no formales y el tercer pilar, el complementario, que es administrado por un gestor público o privado (Estado o AFP), a elección del afiliado.
Otra propuesta de reforma es la que presentó, en las recientes semanas, la Asociación de AFP (AAFP) que, al igual que la iniciativa de la titular de la Comisión de Trabajo del Congreso, propone incluir a los trabajadores independientes e informales y mejorar las pensiones, ya que actualmente solo 3 de cada 10 trabajadores tendrán acceso a pensión.
El gremio de las AFP parte por corregir una de las principales críticas al sistema y habla de una pensión mínima mensual a las personas con al menos 20 años de aportes y una pensión escalonada a quienes hayan aportado entre 10 y 20 años e incluye el término “capital semilla” como un aporte por parte del Estado a cada recién nacido, convirtiéndose en una suerte de Pensión 65 para todos los peruanos.
Durante la conferencia de prensa en la que presentó su propuesta, Giovanna Prialé, presidenta de la AAFP, comentó que la idea es tener una “contribución equiparada”, en la que, por cada sol aportado por el afiliado, el Estado aporte un monto equivalente hasta alcanzar una pensión mínima; además que a cada ciudadano se le devuelva el 1% del IGV pagado en el año con el fin de aumentar las pensiones y rentabilidad. Otra corrección importante que la AAFP plantea al sistema es aumentar el número de administradoras, de tal manera que los afiliados tengan más opciones para elegir y, ante una mayor oferta, se incentive una baja en las comisiones.
En este mismo Congreso, la comisión de Economía, presidida por la fujimorista Rosangela Barbarán, viene trabajando en un nuevo dictamen. La propia congresista reconoció al diario La República que el sistema de las AFP -que hace 30 años su líder Alberto Fujimori trasplantó a Perú – “han fallado” y que es hora de abrir el mercado a más jugadores que impulsen la competencia en el sector. No obstante, se mostró en contra de la propuesta de su colega Bazán, la misma que consideró estatista.
Eso sí, Barbarán también criticó a la ONP y dijo que al ser un sistema solidario genera pérdidas económicas para el Estado. Por lo que en su iniciativa, que verá la luz en los próximos meses, se propondrá que la ONP cambie a ser un sistema individual.
Esa misma crítica a la ONP la argumenta y extiende el ex ministro del MEF, David Tuesta que indica que el sistema de reparto es una suerte de estafa piramidal, comúnmente prohibida, salvo si la promueve el Estado, porque cuando se enfrente a la quiebra, lo pagarán con los impuestos de todos los ciudadanos.
“A principios de siglo XX, las consecuencias del mecanismo de estafa piramidal de los sistemas de pensiones de reparto se encontraban ocultas, debido a que la esperanza de vida era baja, y la tasa de natalidad era alta, lo que permitía pagar las pensiones. Sin embargo, a medida que las sociedades han empezado e incrementar su esperanza de vida y a tener menos hijos, se hace evidente y las cuentas fiscales se ven presionadas”, remarca el economista.
En ese sentido, para Tuesta, el Perú es un país que empieza a envejecer más rápido, con menor tasa de natalidad y altísima informalidad, por lo que no tiene sentido impulsar o mantener un sistema pensionario de reparto.
La crítica a las AFP y la necesidad de reformas profundas no es, ni cercanamente, un problema exclusivo del Perú. En Francia, en las últimas semanas, se ha vivido jornadas de huelgas y manifestaciones contra la reforma de pensiones planteada por el gobierno del presidente Emmanuel Macron que se basa en el retraso de la edad de jubilación de 62 a 64 años para 2030 y el adelanto a 2027 de la exigencia de cotizar 43 años, en lugar de 42, para cobrar una pensión completa, esto con el fin de evitar un «déficit» en la caja de las pensiones.
En Bolivia, el presidente Luis Arce ha encendido las alarmas pues ha anunciado un proceso de estatización de los fondos de pensiones, por lo que el Estado captaría los aportes que, hasta hoy, eran gestionados por dos administradoras privadas. El objetivo sería utilizar el dinero de las jubilaciones de los bolivianos para aliviar el déficit de las arcas públicas y financiar gastos corrientes o proyectos de infraestructura, aun cuando esto pone en peligro las pensiones futuras.
La determinación del mandatario boliviano aporta en la visión -defendida aquí Barbarán, Tuesta y demás liberales- de que el Estado es ineficiente (sobre todo cuando hablamos de gobiernos populistas) y no puede manejar los fondos de pensiones de las personas, aún cuando se diga que son intangibles, porque a la primera oportunidad ven con apetito ese dinero y no pierden ocasión para echar mano de ellos.
David Tuesta comenta que, en el mundo, los países están transitando a sistemas de pensiones de cuentas individuales. Y uno de los que estaría en este camino es China, el gigante asiático que, en 20230, contará con 400 millones de personas mayores de 60 años, quiere reformar sistema de pensiones, actualmente manejado por el Estado y abrirse al negocio de las pensiones privadas, como en América Latina.
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Sistema privado, sistema público o mixto tal vez.
Cuenta individual, de reparto o solidaria, quizá.
Subsidio estatal, comisiones, rentabilidades.
Pensiones mínimas, años de aporte.
Las cartas están echadas, lo único cierto es que la reforma es urgente e inminente. Los aportantes, los que recién ingresan al sistema, los que están al borde de la jubilación y los que tempranamente partieron sin poder gozar de su ahorro pero pensando que dejaban cubierta a su familia, como Manuel Hinojosa, no pueden seguir dependiendo de los devaneos políticos populacheros de turno.
Si este Congreso, que ya es el peor de la historia, quiere que los recordemos por algo, que sea por aprobar una reforma técnica y pensada en los 33 millones de peruanos, si no ¡que se vaya, de una vez!
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