Han pasado 10 años desde que la intolerancia y la represión desmedida se cobraran la vida de 34 personas, todos peruanos durante los hechos ocurridos en la «Curva del Diablo» y la Estación 6 de Imazita en Amazonas. Sin embargo pese al tiempo, quedan deudas pendientes.
Redacción Spacio Libre
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Para Amnistía Internacional, diez años después del «Baguazo», el hecho de defender el territorio y el medio ambiente sigue siendo un riesgo para la vida de muchas personas, frente a la desprotección ante los actos de hostigamiento, estigmatización, criminalización y violencia física.
Mediante un pronunciamiento la organización de derechos humanos recuerda que el 5 de junio de 2009, «tuvo lugar uno de los conflictos socioambientales más graves de las últimas décadas en Perú», que cobró la vida de 33 personas (23 policías y 10 civiles), un policía desaparecido hasta hoy además de cientos de personas heridas y graves violaciones de los derechos humanos.
En ese momento las poblaciones indígenas, en su mayoría wampis y awajún, protestaron y pidieron por varios días la derogación de un grupo de decretos legislativos promulgados sin ningún mecanismo de consulta, que afectaban directamente sus territorios.
Frente a esta situación, una década después el Estado aún no cumple con sus obligaciones de garantizar el derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación a las víctimas y sus familiares.
“Los trágicos hechos ocurridos en Bagua no deben ser olvidados. Lamentablemente, varias de las condiciones que generaron ese sangriento episodio no han cambiado. Todavía estamos en una situación en la que la falta de respeto de los derechos de los pueblos indígenas a la tierra, el territorio y el medio ambiente, genera que sean excluidos de decisiones que afectan sus vidas”, dijo Marina Navarro, directora ejecutiva de Amnistía Internacional en Perú.
La organización formula las siguientes recomendaciones al Estado peruano, para garantizar la seguridad de las personas defensoras del medio ambiente, y en general, de los derechos humanos:
– Establecer un Mecanismo Nacional de Protección Integral de los Defensores y Defensoras de Derechos Humanos, luego de aprobarse el Protocolo para garantizar la protección de personas defensoras de Derechos Humanos en abril de este año.
– Implementar un Registro de Denuncias e Incidencias sobre situaciones de riesgo de personas defensoras de derechos humanos, y elaborar un reporte sobre situaciones de riesgo, que permita conocer los patrones de ataques.
– Ratificar el Acuerdo Regional sobre Acceso a la Información, Participación Pública y Justicia en Materia Ambiental en América Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú), en el Congreso de la República, y avanzar en su implementación.
Sobre el autor
Francisco Pérez García