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El colapso de los servicios en ESSALUD

Tomado de MATE PASTOR (el blog de Juan Sheput).- En un país donde no existe una Contraloría autónoma y en donde no se defiende a los consumidores es lógico que una entidad como ESSALUD abuse con sus millones de usuarios.
Mientras el directorio de ESSALUD se encarga de construir y construir hospitales, para felicidad de empresas constructoras, brasileñas y españolas con subcontratistas peruanos, los servicios de ESSALUD son de pésima calidad y andan por los suelos.

¿Son necesarias tantas construcciones? ¿En qué se van los recursos necesarios para otro tipo de atenciones?
Las unidades de investigación periodísticas, esas que tienen recursos para investigar asuntos sin importancia ¿se han tomado la molestia de acudir a los hospitales de ESSALUD para que vean el deterioro de los servicios públicos?
¿Saben acaso si los pacientes tienen medicinas de manera oportuna?
¿Se han dado cuenta de cuánto tiempo se tiene que esperar para una cita?
¿Se han percatado el drama que significa sacarse un análisis y esperar un resultado?
¿Conocen el periodo de espera para una operación?

Como se puede observar pareciera que estas unidades de investigación no tienen tiempo para darse un salto para ESSALUD. Sí lo tienen en cambio para dar con el teléfono del Congreso en un inocente aviso inmobiliario. Pero informar al público y denunciar el deterioro de los servicios públicos en ESSALUD, para eso no hay dedicación, tiempo ni esfuerzo.

Publicado enBagua Derechos Humanos Perú

Informe revela mala situación para libertad de prensa y expresión

Lima, Perú (Spacio Libre/IDL).- La situación de la libertad de prensa, ha ido en constante deterioro en los países de la región Andina, según un informe sobre la libertad de expresión elaborado por el Instituto de Defensa Legal (IDL) de Perú, el Consorcio Desarrollo y Justicia de Venezuela, el Centro Derecho y Sociedad (Cides) de Ecuador y Freedom House de los Estados Unidos.

Según el informe, en los últimos dos años, no se han verificado mejoras en ninguno de los países, con relación a la libertad de prensa y expresión, siendo en orden regresivo, los países con mayores problemas: Venezuela, Colombia, Ecuador y Perú (con la misma puntuación) y luego Bolivia.

Cabe señalar que en este informe se presenta el caso de la clausura de la radio La Voz de Bagua, también fue presentado en el informe, así como otros casos de radioemisoras pequeñas y del interior del país que han sufrido intentos de clausura o de no renovación de sus licencias de funcionamiento por parte de las autoridades del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC). Este ha sido el caso de Radio Uno, de Radio Caplina en Tacna y de Radio Cutivalú en Piura.

Otro hecho importante en el Perú, tiene que ver con la apertura de algunos procesos penales, como el caso del periodista Acate Coronel. El Primer Juzgado Mixto de Alto Amazonas (región Loreto), abrió un proceso penal contra el periodista, por presunta complicidad en la comisión de delitos contra los medios de transportes, comunicación, contra la tranquilidad pública y los poderes del Estado, debido a la cobertura informativa que desarrolló el medio durante las protestas amazónicas.

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¡¡Qué tal Canchaya!!

Lima, Perú (Peru21).- El fiscal adjunto supremo Tomás Gálvez Villegas –el mismo que está comprometido en el escándalo que derivó en la destitución del miembro del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) Efraín Anaya– dictaminó a favor de la prescripción del delito imputado a Elsa Canchaya Sánchez, la desaforada parlamentaria que contrató a su empleada doméstica como asesora de su despacho.

Gálvez pide el archivamiento de su caso, desconociendo que ya hubo sentencia dictada. Perú.21 accedió al pronunciamiento fiscal que declara fundada la excepción de prescripción presentada por Canchaya, y en ninguna de sus 10 páginas hace referencia alguna a la sentencia de tres años de inhabilitación para el ejercicio de la función pública y a su destitución como congresista que dictó el vocal supremo Sócrates Zevallos el 7 de octubre de 2009.

El fiscal está procesado por denuncia del procurador del Legislativo, Julio Ubillús, por dilatar este proceso favoreciendo, precisamente, la prescripción. Para Gálvez, el plazo de prescripción se cumplió el 3 de enero de 2010, y afirma que a ello se le debe sumar 35 días por el proceso de acusación constitucional.