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“Preocupa que haya colectivos de padres de familia que estén en contra del currículo escolar por creer que este promueve la homosexualidad, cuando en realidad fomenta la igualdad de género para erradicar el machismo y evitar más casos de violencia, discriminación y acoso”, dijo Marina Navarro, directora Ejecutiva de Amnistía Internacional, durante la presentación anual del informe sobre la situación de Derechos Humanos en el Perú y el Mundo.

Marina Navarro, directora de Amnistía Internacional Sección Perú / Foto: Spacio Libre

Por Vilma Huertas Ramos
@vilma_lu

De acuerdo con las cifras que cita este informe, según el Ministerio de la Mujer, cada día ocurren 16 violaciones sexuales en el país, y por lo menos dos mujeres son golpeadas o asesinadas por sus parejas. En el 2016, se ha reportado 108 casos de mujeres asesinadas por sus parejas y 222 casos de tentativas de feminicidio.

“Muchos casos no son investigados y terminan en impunidad o en prisión suspendida en el Poder Judicial. Frente a ello, se han incrementado los reclamos de la sociedad civil para exigir una respuesta del Estado frente a la violencia contra la mujer y exigir sanciones para los responsables de estos actos”, se lee en la observación de este informe.

La directora de esta institución internacional también comentó sobre la vulneración de derechos de la comunidad LGTBI, pues organizaciones locales reportan 43 casos de riesgo a la seguridad personal (casos de amenazas e intimidación) y ocho asesinatos de personas LGBTI.

“A pesar de ello, el Plan Nacional de Derechos Humanos finalizó este año sin incluir medidas de protección para la población LGTBI. Preocupa la discriminación estatal por causa de la orientación sexual o identidad de género al denegar el derecho al matrimonio de las parejas del mismo sexo”, dice la observación del informe anual.

Asimismo, Navarro manifestó su respaldo al matrimonio igualitario propuesto por colectivos LGTBI, pues recuerda que la constitución peruana respalda “la igualdad ante la ley. Nadie debe ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquiera otra índole” (artículo 2, inciso 2).

Otros temas que también se mencionan en este informe anual son la preocupación por la impunidad en los casos del conflicto armado interno. “A pesar de dictarse sentencias condenatorias ejemplares para casos emblemáticos, no se registra un avance significativo a la hora de procesar a mandos militares por graves violaciones a los derechos humanos”, dice el documento de Amnistía Internacional.

Además, el impacto de las actividades extractivas sobre los derechos de los pueblos indígenas y las comunidades rurales ha sido la causa de diversos conflictos sociales. La falta de aplicación de los mecanismos legales para garantizar los derechos a la consulta previa, a la tierra, el territorio y el medio ambiente dan cabida a estas violaciones. Asimismo, los defensores y defensoras de estos derechos han sido expuestos a violencia, acoso y hostigamiento que en algunos casos han perdido la vida.

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