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Lima, Perú (Spacio Libre).- Transcribimos tal cual, la nota de prensa remitida por el Instituto de Defensa Legal (IDL) por considerarlo de suma importancia respecto a la candidatura de Raúl Chanamé al Tribunal Constitucional.

El programa Justicia Viva del Instituto de Defensa Legal (IDL), ha realizado una investigación al aspirante a magistrado del Tribunal Constitucional (TC), Raúl Chanamé Orbe, a quién solo le queda aprobar la entrevista personal para ser miembro del TC, pues acaba ya de superar la etapa de evaluación curricular.

A continuación se detallan algunos puntos de la investigación, que demuestran las vinculaciones de este candidato con el gobierno fujimorista, régimen que rompió el orden constitucional el 5 de abril de 1992.

En el año 2000, Raúl Chanamé Orbe participó activamente en los paneles políticos de Cable Canal de Noticias (CNN), emisora de Cable Mágico fundada por el hoy prófugo Eduardo Calmell del Solar y comprada por Fujimori y Montesinos. Éste candidato junto con otros personajes fujimoristas como Fernando Altuve (ex parlamentario), eran responsables del programa “Mesa Política”, que se transmitía en dicho canal y que era un espacio dedicado a denostar de todo aquel que se opusiera al régimen fujimorista.

Cabe señalar además, que en una nota de prensa de la Organización de los Estados Americanos (OEA) del 21 de julio de 2000, se demuestra que el ahora candidato al TC asistía a dichas audiencias como analista político, en representación de CCN.

Chanamé Orbe, en ese mismo año, fue también conductor de un programa político del canal 7 (emisora oficial del Estado), que precisamente no se caracterizaba por la apertura democrática. Queda claro entonces que este candidato tiene o ha tenido cercanía con el fujimorismo.

En el artículo 12 inciso 5 de la Ley Orgánica del TC, se precisa que no pueden ser magistrados del TC, “los que han ejercido cargos políticos o de confianza en gobiernos de facto”, y en el artículo 177 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se exige que para ser juez se debe tener una conducta intachable.

Debido a ello, el programa Justicia Viva del IDL, espera de los magistrados del TC, compromiso y experiencia en la defensa de los derechos fundamentales, del Estado de Derecho y de la democracia, y además considera que se debe acreditar “lealtad a la Constitución”, es decir, estar en total desacuerdo con todo lo que signifique la ruptura del orden constitucional, como la derogación de la Constitución, el cierre del Congreso y del Poder Judicial, tal como ocurrió el 5 de abril de 1992.

Una persona que aún defienda el golpe del 5 de abril del año 1992, puede desempeñar un sinnúmero de cargos, incluso públicos, puede ser congresista y Presidente de la República, sin embargo, no puede ser el defensor de la supremacía de la Constitución.

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Por Spacio Libre

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