Publicado enBagua Derechos Humanos Perú

Por informar sobre protestas este 26 dictan sentencia contra director de Radio Oriente

Lima, Perú (Spacio Libre).- Informar sobre los sucesos ocurridos en Bagua y las protestas en otras zonas de la Amazonìa peruana, podrìan valerle a Geovanni Acate, director de Radio Yurimaguas una pena de al menos 10 años de prisiòn por la comisiòn del supuesto delito «contra los MEDIOS DE TRANSPORTE, COMUNICACIÓN Y OTROS SERVICIOS PUBLICOS en la modalidad de ATENTADOS CONTRA LOS MEDIOS DE TRANSPORTE COLECTIVO O DE COMUNICACIÓN y ENTORPECIMIENTO AL FUNCIONAMIENTO DE SERVICIOS PUBLICOS, en agravio de la POBLACION YURIMAGUINA y ESTADO PERUANO”.

Y es que el Primer Juzgado Mixto de Alto Amazonas informó que el 26 de octubre emitirá la sentencia tanto a Acate Coronel como a varios dirigentes denunciados por las protestas indígenas del 2009 entre los que figuran el dirigente Bladimiro Tapayauri; la ex presidenta del Frente de Defensa de Alto Amazonas – FREDESAA, Adilia Tapullima y el párroco de Barranquita, Mario Bartolini.

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Piden al MINEM que confirme si hubo consulta previa para concesiones petroleras

Lima, Perú (Spacio Libre, con información de IDEELE).- A través de una carta dirigida al Ministerio de Energía y Minas, el Instituto de Defensa Legal (IDL) y la Asociación Interétnica de la Selva Peruana (Aidesep), solicitaron al titular del sector, Pedro Sánchez que informe si se cumplió con los procedimientos de consulta previa antes de que se concrete la última adjudicación de los lotes petroleros a favor de las empresas Ecopetrol y Repsol – YPF.

Según la carta, el pedido se realizó por los lotes de hidrocarburos 165, 166, 167, 168, 177, 178, 179, 181, 183, 185, 186 y 187 (Cuenca de Marañón); 169,171, 173, 174, 175, 176, 188 y 189 (Cuenca Ucayali); 180, 182 y 184 (Cuenca Huallaga), 172 (Cuenca Santiago) y el lote XVII (Cuenca Sechura).

Ambas instituciones, mostraron su preocupación por saber si se realizaron los procesos de consulta o talleres informativos ya que son dos cosas distintas. «El primero, consiste en preguntar a las comunidades su opinión y su conformidad sobre las actividades que se realizarán en sus territorios; el segundo en cambio, pone en conocimiento las actividades a realizarse en su territorio, sin requerir de ellas su opinión», señala IDL en nota de prensa.