Artículo escrito por el congresista y periodista Güido Lombardi, presidente de la comisión investigadora del Congreso sobre los hechos producidos en Bagua el 05 de junio de 2009. Al cumplirse dos años de estos lamentables hechos el parlamentario publicó esta columna en el diario Peru21.
El domingo pasado, mientras se desarrollaban con absoluta normalidad las elecciones de segunda vuelta, 34 familias recordaban con dolor a los seres queridos que perdieron, en esa fecha, hace dos años. Al dolor de la pérdida se suma, agravándolo, la impotencia de ver a los verdaderos responsables luciendo, orondos, su impunidad.
No debemos olvidar que se trató de un enfrentamiento entre peruanos que produjo 34 muertes, entre las que se deben contar las de 24 policías en actividad y en servicio. ¡La peor tragedia de la historia policial en el Perú!

El asunto es pertinente, no solo por el injustamente olvidado aniversario del »»Baguazo’, sino porque, concluido el ciclo electoral, se reinicia el de las protestas sociales de toda índole.
El gobierno saliente, si es que puede, pero sobre todo el entrante, deben gestionar los actuales y nuevos conflictos sociales superando las debilidades que hasta ahora se han presentado: falta de capacidad de diálogo –dos monólogos no constituyen un diálogo–, desconocimiento de los más elementales principios de la consulta o, lo que es peor, desprecio por los mismos y, fundamentalmente, una actitud reactiva cuando lo que debe prevalecer es la proactividad.
El resultado electoral contribuirá a darles cierta dosis de credibilidad a los nuevos interlocutores, pero habría que poner especial cuidado en cumplir los acuerdos derivados de las negociaciones.
De lo contrario, se profundizará la desconfianza de quienes se sienten afectados por el desarrollo de las industrias extractivas y marginados de sus beneficios. Cualquier nueva »»mecida’ significará que se descarte el diálogo como mecanismo de solución de conflictos, en una etapa en que la buena fe de los negociadores será indispensable para lograr la paz social y mantener la senda del desarrollo.
En realidad, se trata de un desafío crucial para las nuevas autoridades y, específicamente, para el propio presidente electo Ollanta Humala: demostrar que puede ejerce un liderazgo moderno, capaz de proponer nuevas formas de gestionar la relación entre lo público y lo privado.